STAFF/Marina Alejandra Martínez
El Congreso del Estado analiza incorporar medidas específicas en la Ley de Salud estatal para prevenir y sancionar la sumisión química en bares, antros y centros de diversión nocturna, práctica delictiva que consiste en drogar bebidas sin el consentimiento de quien las consume.
La propuesta fue presentada por el diputado Alfredo Anaya, quien impulsa una reforma para crear un Capítulo VIII Bis dentro de la Ley de Salud de Michoacán, dedicado exclusivamente a la prevención de la sumisión química en establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el legislador explicó que dicha práctica, reconocida internacionalmente como “sumisión química”, se utiliza para anular la voluntad de las personas mediante la administración de sustancias psicoactivas como GHB, ketamina, benzodiacepinas o escopolamina, todas incoloras, inodoras e insípidas, lo que las hace indetectables a simple vista.
Anaya advirtió que estas drogas actúan en cuestión de minutos y pueden derivar en delitos como violación, abuso sexual, secuestro o robo.
El diputado detalló que existen testimonios reales y denuncias en redes sociales, medios de comunicación y colectivos feministas y estudiantiles en Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas, que alertan sobre esta práctica y la falta de medidas preventivas.
“No buscamos criminalizar la vida nocturna ni obstaculizar a quienes generan empleos, buscamos confianza, seguridad y corresponsabilidad, la diversión no debe estar peleada con la prevención”, expresó.
La iniciativa plantea obligaciones específicas para los establecimientos, como colocar carteles visibles con información preventiva, implementar protocolos de atención inmediata, capacitar anualmente al personal en identificación de síntomas y habilitar un espacio seguro de resguardo temporal para personas vulnerables en tanto llegan sus familiares o servicios de emergencia.
También contempla la posibilidad de disponer de kits o pruebas rápidas de detección de drogas en bebidas, bajo lineamientos de la Secretaría de Salud o la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), que deberá realizar inspecciones periódicas y aplicar sanciones que pueden ir desde multas y clausuras temporales hasta la revocación definitiva de licencias.
Asimismo, se propone crear un “Distintivo Estatal de Espacio Seguro” que reconozca a los negocios que cumplan con la ley y demuestren buenas prácticas en la protección de su clientela.
La propuesta de Alfredo Anaya fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y análisis.
