STAFF/Marina Alejandra Martínez
En abierta confrontación con la 76 Legislatura y con el propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la presidenta municipal de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre, anunció que el próximo 5 de octubre se celebrará una corrida de toros en su municipio, pese a que en Michoacán se aprobó una ley que prohíbe estas prácticas.
El mandatario estatal había solicitado a las autoridades municipales conducirse dentro de la legalidad, sin embargo, Chávez Aguirre hizo pública la convocatoria sin restricción alguna, desafiando de manera directa al Congreso y al Ejecutivo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que la alcaldesa desdeña a Ramírez Bedolla.
Apenas semanas atrás, en sus redes sociales expresó: “Yo sí prefiero que traigan a Alfredo Olivas al grito a que pavimenten mi calle, pilas Alfredo Ramírez Bedolla”.
La figura de Chávez Aguirre ha estado marcada por la controversia desde su postulación, cuando compitió por el extinto Partido Encuentro Solidario (PES).
Entonces utilizó las acciones afirmativas, identificándose como mujer para obtener la candidatura.
No obstante, en su vida personal se presenta en masculino y está casada con otra mujer, lo que ha generado fuertes críticas dentro de la comunidad homosexual, que cuestiona la legitimidad de su mandato.
Aunque en redes sociales habla de sí mismo en términos masculinos, es supuesta integrante de la comunidad LGBTQI+, uso estratégico de esas herramientas políticas sigue bajo sospecha.
En el ámbito legal, el Grupo de Investigación en Derecho Animal (GIDA) y Abogados Animalistas de México recordaron que tras la abolición de las corridas de toros, los organizadores que desacaten la norma pueden ser sancionados con multas que ascienden a 2 millones de pesos por cada toro masacrado.
