STAFF/Marina Alejandra Martínez
Con un total de 254 aspirantes, este lunes dieron inicio oficialmente las campañas electorales para los distintos cargos judiciales en Michoacán, un proceso que se extenderá hasta el 28 de mayo y cuya jornada electoral se celebrará el 1 de junio.
El proceso, inédito en México, representa la primera vez que se eligen mediante voto popular a jueces y magistrados tanto del ámbito federal como estatal, lo que se verá reflejado en una boleta electoral saturada de nombres.
El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) habilitó este lunes la plataforma virtual “Conóceles”, diseñada para que la ciudadanía pueda revisar el perfil de cada postulante. A pesar de la complejidad de este ejercicio democrático, ni uno solo de los candidatos ha solicitado protección personal, a pesar de los altos niveles de inseguridad registrados en la entidad.
Originalmente, se habían registrado 297 candidaturas, aunque 43 fueron retiradas posteriormente por motivos personales.
La elección será regulada bajo estrictos criterios. Las campañas deberán prescindir por completo del uso de recursos públicos o financiamiento externo; únicamente se permitirá el uso de fondos personales. Además, queda prohibida la promoción conjunta o en grupos, y se establecen límites para la difusión en medios.
Tanto el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), David Alejandro Delgado Arroyo, como el presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, reconocieron las dificultades operativas y normativas que implica este proceso.
Asimismo, el Consejo General del IEM aprobó criterios para garantizar la equidad e imparcialidad en la contienda, particularmente en lo que respecta a la participación de mujeres en este ejercicio extraordinario.
A nivel técnico, se prevé la impresión de más de 18 millones 920 mil boletas para cubrir la demanda electoral del primer domingo de junio. Sin embargo, 14 comunidades indígenas han rechazado la instalación de urnas en sus territorios.
Aunque está expresamente prohibido el involucramiento de partidos políticos y servidores públicos, algunos actores han promocionado a sus conocidos en redes sociales, escudándose en acciones de “buena fe” o “voluntad personal”, sin que se tengan criterios establecidos de los órganos electorales para que puedan sancionarlos.
