STAFF/Marina Alejandra Martínez
Ciudadanos afectados por injusticias y respaldados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) denunciaron públicamente los actos de corrupción y extorsión cometidos por la Fiscalía General del Estado (FGE).
Robos, decomisos ilegales y cobros indebidos son parte de las prácticas señaladas, llevando a la institución a ser considerada la «nueva enemiga de los michoacanos».
El abogado penalista Raúl Oceloth, quien acompañó las denuncias, relató uno de los casos ocurrido en Apatzingán durante el Viernes Santo del año pasado.
Mientras se realizaba el novenario de una persona asesinada, personal de la FGE ingresó al domicilio de la víctima, llevándose cerca de un millón de pesos y una camioneta con todo y documentos.
«Sin embargo, mientras la familia llevaba a cabo lo que es el novenario, la Fiscalía aprovechó para ingresar hasta el departamento del occiso para sustraer sus pertenencias y más de 900 mil pesos y no obstante a ello se llevaron una camioneta con todo y papeles y hoy están pidiendo más de 50 mil pesos, para devolver esa camioneta a la señora y su familia», acusó.
En Zitácuaro, la situación no fue distinta. El pasado 17 de enero, durante una jornada de enfrentamientos armados, personal de la FGE decomisó una camioneta dañada de una familia local. Ahora, pretenden cobrarles la misma cantidad de 50 mil pesos para regresársela.
En su conferencia semanal, el líder estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, destacó también el caso del asesinato de Alejandro Ruíz Macarena en el municipio de Tuxpan el 30 de diciembre de 2024.
El crimen fue cometido por elementos de la Policía Municipal, dos de los cuales ya están detenidos: el director de Seguridad Pública, Juan Manuel “N”, y el comandante Marcos “N”.
Sin embargo, Oceloth señaló que en el homicidio participaron 12 servidores públicos, incluyendo a la Ministerio Público local, quien negó protección a la víctima pese a las amenazas previas.
Por estos hechos, los denunciantes acusaron a la FGE de omisión y complicidad al permitir que funcionarios corruptos extorsionen y revictimicen a los ciudadanos, operando sin sanciones ni consecuencias legales.
