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Junto con el inicio de un nuevo mandato de Donald Trump, en Estados Unidos se ponen en práctica nuevas órdenes del ejecutivo como una «nueva definición» del gobierno federal con la identidad de género, que pone en riesgo la integridad de las personas transgénero en todo el país.
Trump ordenó que se defina el sexo como masculino o femenino y que esto se refleje en los documentos oficinales como pasaportes y políticas como las asignaciones federales.
También en la misma disposición del presidente prohíbe el uso de fondos federales para los tratamientos médicos relacionados con la transición de género, incluyendo la terapia hormonal y procedimientos quirúrgicos.
Esto también pretende aplicarlo en las prisiones de Estados Unidos, en las cuales, exige alojar a las mujeres transgénero (que hay más de mil 500) en cárceles para hombres y detener la atención médica que afirma el género.
Al momento, según datos de El Universal, las prisiones de EU albergan casi 2 mil 300 personas transgénero cumpliendo sus respectivas condenas. Esto equivale a 1.5% de la población total.
Desde que en 2022, un juez federal en Illinois, ordenara proporcionar cirugía de reafirmación de género, dos personas transgénero reclusas en los penales, hicieron valer su derecho y se sometieron a dicha operación, las cuales son financiadas por el gobierno.
En este sentido, datos federales concluyeron que es elevado el número de internas e internos, has accedido a otros tratamientos hormonales.
Descrito el panorama, defensores de los derechos LGBTIQ+ anticipan sus batallas legales para desafiar la implementación de Trump. Mientras, el Prision Rape Elimination ACT considera el estatus transgénero como un factor de riesgo en las asignaciones de alojamiento y será modificado, según lo «necesario».
