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A casi 3 meses de haber terminado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno consideró como «confidenciales» las denuncias y quejas en contra del expresidente mexicano y miembros de su gabinete por actos de corrupción.
Lo anterior de se dio a conocer tras una solicitud hecha bajo la Ley de Transparencia, en el que se argumenta que la existencia o inexistencia de tales denuncias podría afectar el honor y prestigio de López Obrador.
Apenas el 28 de noviembre llegó la solicitud del conteo de denuncias o quejas que han sido presentadas contra el expresidente y los ex titulares de diversas dependencias de gobierno federal anterior, como lo fue la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Función Pública (SFP), Marina, Seguridad, entre otros, en el lapso del 1ro de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.
La respuesta de la Secretaría Anticorrupción fue que tras una búsqueda de registros, se aplicó el criterio de confidencialidad, para evitar que cualquier información aún no comprobable pudiera ser divulgada y poner en entredicho la dignidad y capacidad profesional de una persona que fungió como servidora o servidor público.
Así entonces, se presume que los procedimientos administrativos contra el exmandatario federal permanecerán en confidencialidad hasta 2029.
En este sentido, la dependencia liderada por Raquel Buenrostro sostuvo que la difusión de esta información, «causaría un serio perjuicio» al derecho de la presunción de inocencia. Jurisprudencia que de hecho la Suprema Corte de Justicia dela Nación en 2014 estableció para garantizar que toda persona involucrada en procedimientos administrativos, pueda afectar su carrera profesional, es decir, la presunción de inocencia.
