STAFF/Marina Alejandra Martínez
Este jueves 10 de octubre, durante la sesión parlamentaria, la 75 Legislatura de Michoacán presentará al pleno una propuesta para reformar el Código Penal del estado y la Ley de Salud, con el objetivo de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin embargo, varios diputados han expresado su firme oposición a la iniciativa.
Para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), la votación de dicha propuesta es ilegal, por lo que, anunciaron que, buscarán retrasar la discusión.
El diputado Alfonso Chávez Andrade, del PAN, señaló que, este miércoles, apenas se instalaron formalmente las comisiones legislativas, por lo que, la Comisión de Salud, aún no ha revisado la propuesta sobre el aborto, lo cual, según su opinión, viola la ley.
Teresa Herrera, presidenta de la bancada panista, coincidió con esta postura y afirmó que, se está transgrediendo la Ley Orgánica del Congreso michoacano, al llevar el tema al pleno sin un análisis previo.
«Se está violando la Ley Orgánica, estamos pidiendo que, nos expliquen, si sesionó la Comisión y quiénes estuvieron presentes, queremos tener las evidencias, para que, se cumpla la ley, porque, podemos actuar jurídicamente», manifestó.
En la misma línea, el legislador del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, expresó su total rechazo a la despenalización del aborto, argumentando que, se trata de poner fin a una vida.
Gaona García, advirtió que, la medida podría tener graves repercusiones para la salud de las mujeres, tales como infertilidad y problemas psicológicos.
«El tema no es urgente, como otros, así que, se pudo haber programado para posteriores sesiones, luego de escuchar a todos los legisladores e incluso de que, se llevaran a cabo foros, para escuchar a especialistas y a los ciudadanos», afirmó.
El diputado petista, consideró que, lo más importante, es abordar las causas de los embarazos no deseados, mediante campañas de concienciación, dirigidas principalmente a los jóvenes y sostuvo que, el aborto solo debería permitirse en situaciones específicas, como en casos de violación, malformaciones, riesgos para la salud de la madre o del feto, y problemas económicos de los progenitores y no como «un capricho».
