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El exgobernador de Puebla Mario Marín, también conocido como “el Gober Precioso” seguirá en la cárcel luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) le negó la solicitud realizada a una jueza, de seguir su proceso en libertad.
Marín fue acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho en 2005 y tras ser buscado por dos años, fue apresado en el estado de Guerrero en 2021, cumplimentándose la orden de captura girada en su contra en 2019. Solicitó en Quintana Roo seguir su proceso en libertad y que se le impusieran nuevas medidas cautelares: residir en un lugar único y acudir a firmar de manera periódica.
Sin embargo, la jueza de Quintana Roo determinó que Marín “representa un riesgo para la víctima y testigos”, además de existir “un riesgo fundado de fuga”, por lo que la petición del Gober Precioso fue negada y seguirá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Altiplano.
¿Cuál es el caso Lydia Cacho?
La periodista y activista Lydia Cacho, publicó en 2005 un libro titulado “Los demonios del edén”, en el cual revela una red de pornografía y prostitución infantil en el estado de Quintana Roo, protegida por funcionarios. La publicación que incluye testimonios, fotografías y documentos oficiales.
En su libro, la periodista señaló a Kamel Nacif, empresario de origen libanés, de proteger a Jean Succar Kuri, empresario cancunense sentenciado en 2011 por pederastia. Nacif admitió más tarde haber sido apoyado por el gobernador de Puebla, Mario Marín, para generar una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho; es decir, utilizó su poder para torturar y coartar la libertad de expresión de la periodista.
Cacho fue detenida en diciembre de 2005 y trasladada de Cancún a Puebla en un vehículo privado. Durante el trayecto en carretera, que duró más de 20 horas, fue torturada física y psicológicamente, además de recibir tocamientos y ser amenazada de muerte.
En 2018, el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó un dictamen en el que se declara al Estado Mexicano responsable de violaciones de derechos fundamentales en contra de Lydia Cacho, dando 180 días para implementar las medidas correspondientes.
