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Tras ser cuestionada su sexualidad por una trabajadora social, Julissa Chuc Hass, madre de una recién nacida y un niño de 6 años, fue alejada de sus hijos por tener preferencias sexuales “diferentes” lo que, según el criterio de los servidores públicos, no es buen ejemplo para los menores.
Hace dos semanas, la mujer dio a luz a su segunda hija en el Hospital General Agustín O’Horán en Yucatán, pero después del parto, Julissa fue sometida a un interrogatorio, lo que derivo un acto de discriminación en razón de su orientación sexual.
Su hija recién nacida fue enviada al Centro de Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede) por lo que inmediatamente, Chuc Haas se movilizó y reunió la documentación requerida para recuperarla.
Así acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY), estancia que le pidió llevar a su otro hijo para realizarle una entrevista y descartar que fuera víctima de violencia.
La sorpresa fue que no solo, no pudo recoger a la bebé, sino que también su otro pequeño, le fue arrebatado.
“Me dijeron que venga a la PRODENNAY, que trajera a mi hijo de seis años y según lo evaluaran, que si está bien comido, vestido y no tenía golpes me darían la firma que necesitaba para sacar a mi hija del hospital, pues no me lo dan y retienen a mi hijo. Él venía con la ilusión de sacar a su hermanita e irnos a casa”, relató Julissa.
Julissa se desempeña en el oficio de la albañilería y como trabajadora doméstica, situación que dificultó el trámite para el registro de su primer hijo.
Hasta el momento, la víctima de discriminación ya cuenta con asesoría legal, misma que señala no solo discriminación, sino criminalización de la pobreza y violación a los derechos de la infancia.
“Un abogado de PRODENNAY le dijo que no pueden entregarle a sus niños porque tienen que esperar que haya fecha en el Registro Civil. Hay muchas mamás que como Yulissa no registran a sus hijos por una cuestión económica, en este caso podían apercibirla a que haga el trámite porque también es una negligencia de las autoridades”, explicó Daryana, su abogada.
Afortunadamente, Julissa también cuenta con el apoyo de sus amigas y vecinas, quienes se juntaron para manifestarse afuera de las instalaciones de PRODENNAY.
