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El pasado miércoles 9 de noviembre, el Centro para la Diversidad Biológica, una ONG con sede en Arizona, presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por los crímenes contra la visa silvestre en México, argumentando que la legislación actual es ineficaz y permite el tráfico ilegal de vida silvestre.
El Centro para la Diversidad Biológica, entregó un estudio de 30 páginas y aseguró que “el tráfico de vida silvestre en México está fuera de control”, además de que señaló las sanciones débiles y la falta de voluntad política para poner en orden a los mercados no regulados.
Cada vez es más común que en Facebook e Instagram (Meta) y en TikTok (ByteDance), se vendan abiertamente animalitos protegidos por la ley, como son tucanes, monitos, osos y hasta jaguares, declaró el informe. Un portavoz de Meta, declaró a la agencia Reuters que las políticas de la empresa prohíben la venta de animales en peligro de extinción y que conforme detectan alguna cuenta que lo hace, eliminan el contenido o la cuenta en su totalidad; también destacó el valor de las denuncias de la población.
Tras rastrear las redes sociales, los investigadores pudieron visitar de manera encubierta, los mercados locales en los que se trafican distintas especies, también entrevistaron a diversos funcionarios, quienes expusieron que es difícil regular el comercio ilegal en línea debido a la propagación de perfiles falsos.
México es uno de los pocos países megadiversos del mundo y alberga del 10 al 12% de las especies del mundo. Lamentablemente, datos del estudio indican que el tráfico ilegal está teniendo un impacto irreversible en la biodiversidad del país.
En México, son varias las especies nativas que debido a la infame demanda de China, han entrado en peligro de extinción: totoaba, la vaquita marina, el mono aullador, la guacamaya roja. No es un secreto que el crimen organizado tiene participación en este negocio, cuyo valor se estima en $100 000 millones de dólares anuales.
El informe sostiene que un grupo especial dentro de la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) estaba dedicado a atacar el tráfico ilegal a través de Internet, sin embargo, bajo la premisa de “austeridad”, fue cerrado por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, continúa el informe, los recortes presupuestarios a la PROFEPA han permitido que el problema siga creciendo.
Cabe hacer mención de que ni la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) ni ByteDance (dueña de TikTok) respondieron a las solicitudes de comentarios.