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A fin de garantizar el servicio de alumbrado público en todos los ayuntamientos michoacanos, con alternativas de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada municipio, el Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, Arturo Hernández Vázquez, sostuvo un encuentro virtual y presencial con alcaldes, para presentar rutas, justas y adecuadas, para el pago del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
“Desde que llegamos al Congreso lo hemos dicho, somos aliados de los alcaldes, quienes son los que viven de manera directa las necesidades de la población. Estamos buscando alternativas para garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a un servicio de alumbrado público de calidad”, indicó.
Arturo Hernández explicó que, tras el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la inconstitucionalidad en el cobro por el servicio del alumbrado público, ya que se tomaba como base el consumo de energía de los hogares, además de que se cobraba el DAP sin garantizar que se tuviera luz en las calles es necesario que los municipios cuenten con un plan de cuotas, ante lo cual, tendrían que presentar un alcance a su reforma del Proyecto de Ley de Ingresos, para incluir el esquema tarifario, por lo que se hicieron varias propuesta en la reunión.
“El servicio de alumbrado público va más allá de tener lámparas funcionado en las calles, este derecho ofrece, no solamente calles iluminadas, sino mayor seguridad, espacios públicos para la convivencia familiar, disminución de la violencia. El DAP nos permite mejorar la economía, la movilidad, la seguridad, ahí radica, en lograr una nueva realidad para nuestras familias”, aseguró.
Al sostener la reunión con los alcaldes, sin distingos de partidos o ideologías, el diputado local indicó que, desde la Comisión que preside, se estableció un esquema tarifario, además de que se ofreció el acompañamiento para establecer un rango de cobro máximo y cobro mínimo; evitar la evasión en el pago por el servicio, es decir, aspirar a tener un 100 por ciento de recaudación, respecto de lo facturado; eliminar los excedentes, los cuales eran utilizados de manera discrecional.
Indicó que, “lo que se busca es transitar a lo que realmente sería un derecho por el alumbrado público y no un impuesto, es decir, que todos paguen la misma cuota al bimestre, independientemente de la zona donde viven, independientemente del consumo de energía eléctrica que tengan”.
Además, señaló que previo convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y los ayuntamientos, sería la CFE, quien haría el censo real de luminarias y además recaudarían el cobro del DAP facilitando la facturación y la recaudación.
Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto acordaron establecer una propuesta para que el Derecho al Alumbrado Público no exceda el cobro de 30 pesos bimestral para las familias michoacanas.
