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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en coordinación con elementos de la Policía Federal Misión Gendarmería División Ambiental, aseguró 48.536 metros cúbicos (m3) de madera ilegal, cuatro vehículos y una motosierra, en los municipios de Tlalpujahua y Aporo, ambos en el estado de Michoacán.
Según un parte oficial lo anterior se dio como parte del Programa Permanente de Combate a la Tala Clandestina en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), durante dos operativos coordinados entre ambas dependencias: uno en la Localidad de San José de Guadalupe del Municipio de Tlalpujahua, en el que se detectaron y revisaron dos vehículos tipo torton de 18 toneladas que, sumadas, transportaban 141 trozas de pino con un volumen total de 36.017 m3 de madera en rollo en estado físico verde
Se solicitó a los conductores la documentación que acreditara la legal procedencia de las materias primas forestales, no exhibiendo documento alguno, por lo que en el acto se impuso como medida de seguridad el aseguramiento de ambos vehículos y el producto forestal transportado.
Al momento de la diligencia se presentó el patrón de los conductores mostrando a los inspectores siete documentos en original expedidos por el Municipio de Tlalpujahua, denominados “Permisos para derribo de árbol” dirigidos a distintas personas; no obstante, no corresponden a los documentos oficiales expedidos por la SEMARNAT para acreditar la legal procedencia de las materias primas forestales.
El segundo operativo se desarrolló en la Localidad de Arroyo Seco del Municipio de Aporo, donde, por no contar con la documentación que acreditara la legal procedencia de las materias primas forestales, se aseguraron dos camionetas con 12.519 m3 de madera en rollo y brazuelo de pino, encino y aile que transportaban en estado físico verde y seco, así como una motosierra.
Cabe señalar, que el aseguramiento precautorio de los cuatro vehículos, la motosierra y 48.536 m3 de madera transportada fueron de conformidad con lo señalado en el artículo 170, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Los bienes y productos asegurados quedaron depositados en dos establecimientos de grúas, en los municipios de Maravatío y Zitácuaro en Michoacán.
Los presuntos responsables podrían hacerse acreedores a multas que van de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y al decomiso de la madera, independientemente de las sanciones penales que resulten.
