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Con 25 años viviendo en la casa marcada con el número 1038 de avenida Solidaridad en el fraccionamiento Camelinas, al oriente de Morelia, la familia Mora Álvarez no tenía nada de que quejarse, por el contrario, gozaban de una tranquilidad hasta cierto punto envidiable para varios habitantes de la capital michoacana.
Sin embargo la suerte de los Mora Álvarez repentinamente les cambió en junio del año pasado, cuando el diputado Ernesto Nuñez comenzó a construir un edificio en el terreno contiguo, de alrededor de 200 metros cuadrados.
“Desde el principio de la obra hubo falta de respeto hacia nosotros. Los albañiles -de la obra- comenzaron a estacionarse bloqueando nuestra cochera, y luego el diputado tramitó un disque permiso ante el Ayuntamiento como si hubiera permisos para poder bloquear las cocheras de terceros…”, narra María Teresa Álvarez Navarro quien este jueves ofreció una conferencia de prensa en su propia casa, para denunciar que dicha construcción viola en muchos sentidos el reglamento municipal.
Sin embargo, acusa la afectada, al ser propiedad del diputado Ernesto Núñez Aguilar, los afectados señalan, se han encontrado con la protección del Ayuntamiento de Morelia, por lo que, al agotar las instancias legales, tuvo que recurrir a exponer su situación ante los medios de comunicación:
“Nos está destrozando la vida el diputado… yo ya no confió en los políticos. Antes, cuando escuchaba que la gente se quejaba de algún político, siempre pensaba que exageraban, pero ahora lo vivo en carne propia y veo como los políticos pueden hacer lo que quieran mientras que a nosotros los ciudadanos, si hacemos algo enseguida la autoridad nos requiere”, manifestó la señora Álvarez.
Su esposo, el ingeniero Pascual Mora, refirió que por lo pronto su casa ya registra una grieta que podría ser en realidad una fractura de la estructura de su casa, que podría derivar en un colapso de la misma: “Es probable que la construcción -del diputado- se esté recargando en nuestra casa y eso es lo que la está dañando”, manifestó.
Refirió que sólo hasta que se acabe la obra, y una vez pasados al menos cuatro meses para qu se asiente, se podrán evaluar con certeza los daños sufridos.
La ilegalidad de la obra argumentan los afectados, comienza porque las normas indican que en un terreno de 200 metros sólo se pueden construir sobre la superficie de 150 metros por cuestiones de factibilidad, y que en un terreno de las características del que están ocupando, sólo se pueden construir tres pisos, no obstante la obra del legislador del Partido Verde Ecologista ya va en el quinto.
“Los trabajadores han usado mi casa como si fuera suya, me agarran agua, me invaden mi azotea con sus herramientas, y el diputado ha ignorado todas nuestras peticiones, y no sé por qué en el Ayuntamiento lo protegen o no le dicen nada y le están permitiendo hacer lo que quiera”, reclamó la afectada, quien precisó que ha recorrido varias instancias estatales y municipales, una de las últimas la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la cual tampoco se ha pronunciado al respecto.
“Estamos indignados por la forma en la que los políticos arreglan las cosas a su favor a pesar de violar las leyes. A ellos no les importan nosotros los ciudadanos, a ellos sólo les importa su bienestar”, lamentó Álvarez Navarro.
