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Que Se Investiguen Irregularidades Observadas Por La ASF: Silvano

STAFF/@OmaidaMelissa

Silvano-Michoacán

Ante irregularidades en la cuenta pública 2015, que denota la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio fiscal de Michoacán, el mandatario de la Entidad, Silvano Aureoles Conejo opinó en entrevista, que serán las instancias correspondientes las que determinen si hubo algún desvío de recursos durante la administración de 2015, lo anterior, luego de presenciar el informe de actividades del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Marco Antonio Flores Negrete.

“Qué bueno que la instancia responsable de garantizar el correcto uso de los recursos públicos haga su trabajo, ya serán las demás instancias las que determinen en su caso lo que determinen, pero está bien que el Órgano Superior de Auditoría como es en este caso, con plena autonomía y con todos los elementos tome las medidas que corresponda, que haga su trabajo está bien” señaló.

Así mismo respecto a las denuncias penales realizadas por la secretaria de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, contra los exfuncionarios de las administraciones que operaron entre 2012 y 2015, acusados de peculado, desvíos de recursos y abuso de las atribuciones como servidores públicos, Aureoles Conejo dijo que, “las medidas están en curso y ahora les toca a las demás instancias resolver lo que en derecho procede”.

De momento, mencionó desconocer si han sido interpuestas más denuncias penales sobre el tema, ya que la secretaria de la Contraloría del Estado anunció que en breve se emitirían más imputaciones ante las procuradurías General de la República (PGR), y de General de Justicia de Michoacán (PGJE), contra exfuncionarios de las dependencias de salud y educación.

“No tengo el dato, no tengo información de que haya algún denuncia adicional, o alguna medida” entorno a los casos de Salud y Educación.

Finalmente, el gobernador comentó que “hay que esperar que sean las instancias judiciales las que determinen”, ante la posibilidad de que los montos desviados por el orden de 4 mil millones de pesos, sean reintegrados a las arcas financieras de la administración pública estatal.

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