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La Asamblea Legislativa prevé abordar en el próximo periodo ordinario de sesiones reformas para reglamentar el trabajo sexual, después de que la Comisión de Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente borró del proyecto sobre trabajo no asalariado la prostitución.
El problema sigue siendo la divergencia de opiniones, ya que unos mantienen la postura de que la actividad fomenta la trata de personas y otros opinan que debe reglamentarse al ser una forma más de ocuparse cuando se hace de manera voluntaria.
Por su parte, Beatriz Rojas Martínez, diputada local, mostró su desacuerdo con que la prostitución se reconozca como trabajo sexual, al juzgar que expone a quienes la ejercen a más explotación y no abona a su erradicación ni a la protección de las víctimas.
Rojas Martínez señaló que casi 80 por ciento de quienes ejercen ese oficio son mujeres, incluso muchas de ellas menores de edad; por lo tanto, no se puede reconocer el trabajo sexual como un oficio asalariado yq que abre las puertas a la trata de personas.
Aseveró que 85 por ciento de quienes sufren la explotación sexual son mujeres y 70 por ciento son obligadas, traídas a la fuerza o con engaños de Tlaxcala, Veracruz y Puebla, entre otros estados.
«Incluso mujeres que lo hacen voluntariamente lo hacen porque no hay más opciones, porque persiste la brecha de desigualdad, por necesidad; habría que preguntarse qué mujer estudia para convertirse en prostituta», dijo Rojas Martínez.
La legisladora local advirtió que la Ciudad de México, junto con Tlaxcala, Puebla, Baja California y Chiapas, son las entidades con los índices más alarmantes de trata de personas.
En la capital, señaló, existen 13 corredores donde opera la impunidad y explotación sexual en el centro.
Por su parte el asambleísta Víctor Hugo Romo Guerra impulsa la derogación de la Fracción VII del Artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica local, con el propósito de no «criminalizar» la prostitución cuando se realiza de manera voluntaria y sin coerción.
El legislador local perredista explicó que dicha fracción penaliza tanto el ejercicio de la prostitución como a aquellos que solicitan el servicio, situación que provoca que las trabajadoras sexuales y sus clientes sean extorsionados por las propias autoridades.
La presidenta de la asociación civil Brigada Callejera, Elvira Madrid Romero, agregó que es una lucha más para que se reconozca este trabajo, porque la ciudad tiene que dar garantías a las trabajadoras sexuales.
Además denunció que existe la extorsión y «las zonas de tolerancia no sirven y eso está demostrado a nivel internacional por expertos en el tema».
