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El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José María Cázares Solórzano, dijo tener registro de 1 mil 600 niños jornaleros, cuyos derechos a una adecuada alimentación, educación, y a una infancia plena, son violentados en campos agrícolas de Tierra Caliente, en la zona del Río Balsas; Los Reyes, Zamora y Sahuayo, pero afirmó que esta cifra “va a la baja”.
Entrevistado en el marco del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil que se conmemora cada 12 de junio, dijo que es en los campos agrícolas donde se violentan en mayor medida los derechos de los niños a una sana alimentación, a educación, salud, y a una infancia plena y despreocupada de responsabilidades laborales.
Aunque sin datos específicos, dijo que la tendencia es “a la baja”, y adelantó que se trabaja en la elaboración de un diagnóstico que será dado a conocer en el mes de julio; no obstante, apuntó que se tiene registro de 1 mil 600 niños jornaleros, distribuidos en los campos agrícolas de Tierra Caliente, en la zona del Río Balsas; Los Reyes, Zamora y Sahuayo.
Como parte de las acciones que aún falta por hacer para erradicar el trabajo infantil en Michoacán, el ombudsman michoacano dijo que hace falta que la autoridad mantenga “mayor atención”, mediante la provisión de mejores condiciones de vida para estas familias, en su mayoría “gente muy pobre”; dotación de medicamentos y una educación de calidad.
Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) refieren que la persistencia del trabajo infantil tiene sus raíces en la pobreza, la falta de trabajo decente para los adultos, la falta de protección social y la incapacidad para asegurar la asistencia de los niños a la escuela hasta la edad mínima legal de admisión al empleo.
Datos de la Red Nacional de Jornaleros hizo un pormenorizado análisis de la situación que priva en los lugares de origen y trabajo de las y los jornaleros agrícolas, donde señala que la población jornalera recurre a la migración estacional, temporal o permanente como una alternativa para emplearse como jornalera o jornalero en el sector agrícola.
De acuerdo con esta fuente, estos campos agrícolas o fincas pertenecen a empresas nacionales y extranjeras que explotan a sus trabajadoras y trabajadores, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, bajo el amparo y en ocasiones en contubernio con las instituciones públicas que se ven beneficiadas de esta cadena masiva de explotación laboral.
“Muchos de los productores agrícolas pertenecen a firmas extranjeras, grandes compañías que incluso tienen sus propios métodos de transportación del producto, suben el melón a cajas de refrigeración y se traslada inmediatamente a la frontera; frente a esta dinámica los empresarios locales son menores”, comentó Cázares Solórzano.
