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Diversas formas de sufrimiento impartidas y encubiertas por funcionarios públicos buscan ser reguladas por la Ley para Prevenir, Sancionar, y Combatir la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, iniciativa que establece sanciones desde 3 a 10 años de prisión y que hoy será presentada ante el Congreso de Michoacán, donde a la par se presenta la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura, que propone una pena de 16 años, y pone énfasis en la reparación del daño a la víctima.
Legisladores integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de Michoacán, presentarán ante el Pleno parlamentario de la 72 legislatura local la citada iniciativa de decreto que busca garantizar seguridad jurídica y protección amplia a las víctimas de semiasfixia, palizas, simulacros de ejecución, violencia sexual, amenazas de muerte, descargas eléctricas y otras y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como las políticas públicas en materia de prevención de estos delitos.
Convencidos de que en México y Michoacán la práctica de la tortura va en acelerado incremento, en sesión ordinaria este día, las diputadas Thalía Del Carmen Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala y el diputado Santiago Blanco Nateras, plantearán la actualización de la ley para prevenir y sancionar la tortura, aprobada en 1994 y que a su decir, ha quedado obsoleta, por lo que buscan establecer que a quien cometa tortura se le sancione con pena privativa de la libertad de 3 a 10 años.
Asimismo, se impone una multa pecuniaria de doscientos a quinientos días de salario mínimo general vigente en Michoacán al momento de cometer el delito, aunado a la privación de su cargo e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta por el doble de tiempo que se le imponga como pena de privación de la libertad.
Se establece que todo servidor público de dependencias de seguridad pública, procuración de justicia, centros penitenciarios o áreas de la salud, que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 70 días de multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes.
La propuesta de ley establece que el gobierno del estado tomará medidas para asegurar que el agraviado en el delito, sus familiares y los testigos, queden protegidos para fijar los montos correspondientes; y para fijar montos para la reparación del daño, la autoridad competente tomará en cuenta la magnitud del perjuicio, y el gobierno del estado y los municipios estarán obligados subsidiariamente a la reparación del daño.
La ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura será presentada este mismo día por el diputado Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Michoacán. Su propuesta plantea prisión de 7 a 16 años, de 500 a 1 mil días multa, e inhabilitación permanente para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos.
