STAFF / El Despertar
El director del sistema de agua potable y alcantarillado del municipio de Zitácuaro, así como el comisario de la misma institución y la junta de gobierno, que preside el alcalde Juan Carlos campos Ponce, se encuentran denunciados penalmente por la comisión de los delitos de robo y despojo, en agravio de las señoras María del Pilar y María de las Mercedes Valdez González Salas.
En entrevista para El Despertar, José Manuel Valdez Gonzales Salas, hermano y representante legal de las propietarias del predio que resultó afectado por personal del SAPA, durante la construcción del colector norte, señaló:
“Entraron al predio sin permiso, haciendo la colocación de un tramo del colector norte, dañando la propiedad, toda vez que la colocación del colector que hicieron no corresponde con los proyectos presentados por la administración anterior y que era un proyecto que cuidaba el medio ambiente; sin embargo, el daño ecológico que causaron durante la obra fue enorme”.
El material que extrajeron del terreno de manera ilegal trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado es tepetate, fueron más de 17 mil metros cúbicos.
La obra se realizó en el año 2011, desde entonces la familia afectada buscó llegar a un acuerdo económico que resarciera los daños causados, con las autoridades municipales las negociaciones duraron cerca de 1 año y medio, quienes en todo momento presentaron una negligencia, porque nunca quisieron atender la solicitud.
Ante esta situación se procedió a presentar la denuncia en contra del presidente de la junta de gobierno, el director de sapa y el comisario, por los delitos de robo y despojo, en el año 2014.
“La denuncia está en proceso y las autoridades nos han hecho ofertas, pero no han sido lo suficiente como para resarcir los daños ocasionados; pero el día 23 de marzo ellos se comprometieron a presentar una nueva oferta, a fin de lograr un arreglo”.
“Legalmente el que te fastidia es un órgano y dentro hay buenos y malos directivos, ellos son responsables de estos actos, porque la ley de aguas los señala como personas físicas”.
El representante legal de las afectadas enfatizó, “por parte de la familia siempre ha existido una actitud conciliatoria, mientras que las autoridades han mostrado soberbia, desinterés personal por arreglar su prestigio y su nombre, además desconocen las obligaciones legales en las que incurren como funcionarios, esto ha impedido llegar a una solución”.
“Esperaremos la oferta que nos presenten el día 23 de marzo, de no resultar suficiente y adecuada, pues se procederá conforme a la ley, toda vez que las propietarias del inmueble son mujeres mayores de edad, cuyo único patrimonio es el terreno afectado por esta administración”.
“Se procederá a la ampliación de estas denuncias ante la CEDH y demás órganos jurisdiccionales, para que emitan las sanciones correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones”.
