Solo por recordar

Por Viridiana López

Hace unos días me topé con algunos expedientes relativos a acuerdos del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la declaratoria de legalidad de la elección de gobernador, y los juicios de Revisión Constitucional Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), correspondientes al proceso electoral 2011, que bien sirven para recordar hechos trascendentales de la elección, pero sobre todo porque son un precedente que seguramente pesará en los comicios del próximo año.

En 2011 se eligió al gobernador del estado, presidentes municipales y diputados locales. En esta elección los dirigentes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática acusaron de la injerencia, presión y coacción del crimen organizado en los comicios del 13 de noviembre.  Ambos partidos tomaron la vía jurídica para inconformarse con los resultados, presentaron pruebas y diversos alegatos para anular e invalidar la elección, pero al final el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) validó la elección, decisión que secundó el TEPJF.

Primero, y como era de esperarse el Consejo General del IEM acreditó las candidaturas de entonces. Por esos días se cuestionó en diversas ocasiones a la consejera presidenta y los dirigentes partidistas en torno al blindaje de candidaturas, y se decía que los candidatos tendrían que entregar carta de antecedentes no penales.

Sin embargo, el requerimiento quedó al margen “por tratarse de un requisito negativo, se considera que no es necesario se acompañe, en los casos en que se adjunta”, según acordó el Consejo el 24 de septiembre de 2011. Y es que antes y durante el proceso se hablaba de presiones de grupos delictivos para imponer o inhibir candidatos.

El Partido Acción Nacional suspendió 10 candidaturas por temor al crimen organizado, aseguró que 9 candidatos a presidente municipal recibieron amenazas, además que se perpetuó el homicidio del munícipe de La Piedad cuando realizaba actividades proselitistas a favor del PAN, apareció una publicación en un periódico con un llamado a no votar por dicho partido, así como mensajes de texto a teléfonos celulares con frases intimidatorias, de acuerdo con los documentos presentados por éste partido ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

Además, es de recordar que durante el proceso se realizaron tres Mesas de distención política entre los diversos partidos políticos, las autoridades electorales y las distintas áreas de seguridad estatales y federales en donde reiteradamente el PAN pidió mayor participación de fuerzas de seguridad y manifestó las amenazas a sus candidatos.

Al respecto, el TEEM concluyó (TEEM-DELEVEGOB-001/2012) que “No obstante, esos hechos, aun cuando se encuentran demostrados, no sirven de base para sostener la afirmación general a partir de la cual se construyó la argumentación de los Partidos Acción Nacional, Nueva Alianza, y de la Revolución Democrática, en el sentido de que diversos grupos criminales actuaron para favorecer al candidato del partido Revolucionario Institucional, como se evidencia enseguida”.

Los siguientes párrafos de la declaratoria reseñan la situación de delincuencia en México y validan en parte la elección en publicaciones periodísticas que recogen la firma del protocolo de seguridad signado por el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel y la consejera Presidenta del IEM, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza.

Los partidos que se inconformaron con la declaratoria de validez, acudieron a la siguiente instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (SUP-JCR-6/2012, SUP-JRC-7/2012 y SUP-JRC-8/2012,). Este órgano judicial sentó precedente porque ratificó la decisión del TEEM, pues consideró que los partidos inconformes no aportaron pruebas consistentes, en referencia a las notas periodísticas, una videograbación, y los informes de las Mesas de distensión política. No así del homicidio del munícipe de La Piedad y la publicación de una inserción en un periódico de ese mismo municipio que fue aceptada, pero no determinante para anular la elección.

Por tanto, el Tribunal concluyó que:

“Conforme con todo lo anterior, es de tenerse que se cumplieron en tiempo y forma cada una de las etapas que conforman el proceso electoral, que los acuerdos y demás medidas adoptadas por la autoridad encargada de organizar, realizar y vigilar el proceso electoral, y todos los actos que se produjeron, tales como: la prohibición de realizar actos proselitistas antes del inicio legal de las campañas electorales; el otorgamiento de recursos para gasto ordinario y de obtención de votos; el establecimiento del tope máximo de los gastos de campaña, de reglas relativas a la difusión de los resultados del monitoreo, así como de mecanismos de contratación y vigilancia de los espacios contratados en los medios electrónicos e impresos de comunicación. las medidas adoptadas referentes a la votación de los michoacanos en el extranjero; el acuerdo de neutralidad dirigido a los funcionarios públicos en los distintos niveles de gobierno, con el propósito de que el proceso electoral no se viera afectado respecto de las condiciones de participación de cada uno de los contendientes electorales; permiten llegar a la conclusión de que el proceso electoral que culminó con la elección del trece de noviembre de dos mil once, satisfizo los requisitos esenciales y legales de una elección democrática, en la que los partidos contendientes del proceso comicial dispusieron del tiempo, recursos y prerrogativas previstas en la ley, para realizar sus respectivas campañas electorales en condiciones de equidad y culminó con una elección libre, autentica, mediante la emisión del sufragio universal, directo libre y secreto”.

Así las cosas, quienes de forma “discreta” ya iniciaron proselitismo tendrán que ser más audaces para presentar pruebas que demuestren intervención del crimen organizado, y el árbitro electoral, más allá de lo jurídico tendrá que validar la elección en la conciencia colectiva para que no quede lugar a dudas, pues algunos candidatos validados y que ganaron la elección de 2011 ahora enfrentan procesos penales por vínculos con el crimen organizado y otros están bajo sospecha…

Aspirantes electorales

Apenas se publicaron el viernes los lineamientos para la elección de consejeros electorales de los órganos estatales y ya circulan nombres de quienes podrían postularse, entre ellos: Carlos González, Jaime del Río, Jaime Quintero, Jaime Rivero y Humberto Urquiza… otros como los actuales consejeros, Ramón Hernández Reyes y María de Lourdes Becerra Pérez están cabildeando en el Instituto Nacional Electoral para garantizar su permanencia. ¿Quién lo logrará ser parte del Consejo? Que empiecen las apuestas.

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