La Guadaña Federal/ By @gaaelico
Por Toño Aguilera
El de Michoacán es a todas luces un gobierno fallido, y también esta categoría alcance en muchos aspectos a los otros órdenes de gobierno como es el Congreso del Estado y el Poder Judicial (éste último trata de deslindarse del escándalo de la grabación del video de la Barbie templaria en la Sede del Antiguo Tribunal, inculpando a los conserjes), por ende la crisis por la que atraviesa el estado es de orden institucional, donde no existe políticas para garantizar el desarrollo, la seguridad y la estabilidad en el estado.
Los especialistas y académicos indican que un Estado fallido es una condición que se presenta cuando hay espacios donde las instituciones del Estado no funcionan; claro está que habría que discutir sobre el territorio del que se habla, porque cuando uno visita diversas ciudades, aun en países considerados «democráticos», siempre hay zonas peligrosas que uno debe abstenerse de visitar (como partes de Manhattan y Harlem en Nueva York, o las favelas de Río de Janeiro). Obviamente, el que unas zonas sean impenetrables por las autoridades no implica que todo el territorio de un país esté en condiciones de abandono.
El organismo internacional Fund for Peace definió varios indicadores de un Estado fallido. A nivel social: presiones demográficas crecientes; desplazamiento masivo de refugiados, creándose emergencias humanitarias severas; quejas amplias de grupos que buscan venganza; huída crónica y sostenida de seres humanos; creación de arrabales en áreas pobres. A nivel económico: desarrollo económico desigual a través de líneas grupales; declinación económica severa. A nivel político: criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro de los servicios públicos; suspensión o aplicación arbitraria de la ley; amplios abusos de los derechos humanos; aparato de seguridad que opera como «un Estado dentro del Estado»; surgimiento de elites facciosas; intervención de agentes políticos externos
El actual gobierno de Michoacán, y de muchas formas también los anteriores (y también de Víctor Tinoco hacía atrás) no sólo ha mostrado fallas terribles en el desempeño de sus funciones sustantivas (Estado fallido), como proveer seguridad a los ciudadanos en sus bienes y personas, sino que también muchas de sus funciones cotidianas han sido suplantadas por los poderes fácticos, al grado de que el Estado ha debido hacerse a un lado para permitir que el crimen organizado opere en su lugar.
Por estas y otras infinitas razones, y presionado por la opinión pública nacional e internacional, el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino en Michoacán, e intervino haciendo uso de todas las acepciones que tiene la palabra.
Durante varios meses los senadores del PAN reclamaban la desaparición de poderes en el estado, acusando un grado de infiltración delictiva en todos los órdenes. Dicha demanda hizo eco en varios sectores empresariales, sociales y hasta académicos. Pero la gota que derramó el vaso fue la conferencia de prensa que encabezó Enrique Peña Nieto en el foro mundial de Davos, en Suiza, donde el tema Michoacán opacó el programa de reformas que pretendía vender el Presidente en esa marquesina.
Por ello, la presidencia ideo una estrategia para ingresar al estado, sin plegarse a las demandas panistas, pero que les permitiera cortar el maridaje de la política local con la criminalidad, y el esquema elegido fue la figura del Comisionado.
Este decreto presidencial implicaba de fondo la desaparición en los hechos del Poder Ejecutivo estatal, y por ende de su gabinete. A pesar de que administrativamente sigan cobrando sus jugosas quincenas (un secretario de Estado, por ejemplo la Secretaria de Finanzas, cobra un salario de 120 mil pesos mensuales, menos impuestos), el radio de operatividad del gabinete estatal se reduce al mínimo.
Sin embargo, el gobernador sigue manteniendo sus últimas facultades de quitar o poner a sus funcionarios, algo que a la Federación ni le importa, pero que su influencia ha ejercido para remover a aquellos funcionarios sobre los que pesan sospechas.
Por ello, en días recientes ya fueron cesados varios mandos menores, y algunos del gabinete legal, como es el caso del Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, a pesar de no haber sido oficializados.
Pero donde sí puede el Gobierno Federal meter mano es en las delegaciones federales, donde esta semana se sintió la fuerza de la guadaña federal, con el cese de facto de los delegados de la SEP, Daniel Trujillo Mesina; en CORETT, Raúl Trinidad Santos; en SEDATU, María Fernanda Villafranca; SAGARPA Antonio Guzmán Castañeda; PROFEPA, Adrián Avellaneda Hernández, ECONOMÍA, Nancy Alejandra Cárdenas Meza; del Trabajo, Rocío Santos de la Cruz y SEMARNAT, Mario Alberto Serafín Telles.
También la sombra de la guadaña ya se acerca inevitablemente a la Sedesol, donde despacha el grisáceo Víctor Silva, además del ISSSTE.
Peña Nieto está dando un golpe político en el estado y en especial al PRI michoacano, que tendrá que volver a barajar su póker de candidatos.
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