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Al menos 8 atletas michoacanos promovieron amparos para poder competir en el clasificatorio nacional rumbo a la Olimpiada Nacional 2026; sin embargo, el cierre de registros les impidió concretar su participación, en medio de inconformidades por costos y lineamientos impuestos.
La Asociación Michoacana de Karate denunció la falta de apoyo de autoridades estatales y federales, así como cobros excesivos que afectaron a al menos 14 deportistas que buscaban asistir al torneo en Guadalajara, Jalisco.
En rueda de prensa, el presidente del organismo, Hugo Barojas Reyes, explicó que los atletas recurrieron al Poder Judicial de la Federación para evitar pagos relacionados con el evento, al tratarse de un proceso vinculado a la Olimpiada Nacional organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). No obstante, señaló que los tiempos jugaron en su contra, ya que los registros cerraron el pasado 12 de marzo.
Barojas Reyes indicó que previamente manifestaron su desacuerdo ante autoridades deportivas en Michoacán respecto a los lineamientos establecidos por la federación, particularmente en relación con pagos obligatorios, hospedaje en hoteles específicos y uso de uniformes con proveedores definidos.
“No estábamos de acuerdo en pagar ciertas cantidades, en hospedarnos donde ellos decían y portar los uniformes que ellos indicaban; no vimos otra cosa más que negocio”, expresó.
Asimismo, detalló que de los 21 seleccionados definidos el pasado 31 de enero, 14 pertenecen a la Asociación Michoacana de Karate, por lo que plantearon a la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID) cubrir la totalidad de los gastos para garantizar su participación.
Entre los atletas afectados se encuentran Franco Suriel Solorio Calderón, María Guadalupe Durán Muñoz, Denisse Mejía Vargas, Linda Stephanie Fuentes Melena y Aarón Eulogio Huerta Zetina, entre otros.
El representante señaló que los costos para las familias superaban los 28 mil pesos, incluyendo uniformes, equipo de protección, hospedaje, alimentación y cuotas de participación.
Añadió que el apoyo estatal apenas alcanzaría los 2 mil pesos, mientras que la federación no brindó respuesta.
Finalmente, la asociación reiteró su exigencia de condiciones equitativas para futuras competencias, ante la inconformidad de los padres de familia por lo que consideran un proceso inequitativo.
