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El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sufrió un nuevo revés judicial luego de que un juez federal anulara el amparo que había promovido para evitar la emisión de nuevas órdenes de aprehensión en su contra.
La resolución fue dictada por la jueza Viridiana Berenice Quiroz Ángel, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, quien resolvió anular el juicio de amparo presentado por el exmandatario perredista. Con ello, se dejó sin efecto la protección legal que Aureoles mantenía desde agosto pasado.
El exgobernador, actualmente prófugo de la ley, había promovido dicho recurso el 14 de agosto, argumentando que existían actos privativos de su libertad por parte del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, quien podría librar nuevas órdenes de captura o de comparecencia.
“Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Silvano Aureoles Conejo”, se lee en la sentencia de la juzgadora, quien dio a conocer únicamente el sentido del fallo sin publicar todavía los fundamentos completos del expediente.
Cabe recordar que en agosto de 2024, la entonces titular del mismo juzgado, Jovita Vargas Alarcón, había concedido una suspensión provisional que impedía ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra, previo pago de una garantía de 100 mil pesos.
Aureoles enfrenta acusaciones de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta, por un presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil en Michoacán durante su administración (2015–2021).
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que dichos recursos fueron triangulados a través de empresas fachada, y que varios de sus excolaboradores participaron en la operación. En marzo pasado, cuatro de ellos fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva.
El exmandatario tenía cita para comparecer el 20 de agosto ante la jueza de control del Reclusorio Oriente para la audiencia inicial; sin embargo, aunque sus abogados se presentaron, él no acudió, lo que podría agravar su situación legal.
De ser detenido, Aureoles podría enfrentar prisión preventiva justificada, debido a su negativa a presentarse voluntariamente ante las autoridades, aun cuando los delitos que se le imputan no están clasificados como graves.
Con este fallo, el exgobernador pierde su último escudo legal frente a las investigaciones en curso, lo que abre la puerta a nuevas órdenes de aprehensión y a la posibilidad de que, una vez localizado, deba finalmente rendir cuentas ante la justicia.
