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Silvano Incumple Condiciones Judiciales Abriendo La Puerta Para Que La FGR Solicite Su Captura

STAFF/@michangoonga

El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, incumplió el mandato judicial que le exigía comparecer personalmente ante una jueza de control en el Reclusorio Oriente para enfrentar acusaciones por peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El plazo para hacerlo venció a la medianoche del viernes pasado, lo que abre la puerta para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite su aprehensión.

De acuerdo con una publicación de Proceso, rras este incumplimiento, el Ministerio Público Federal solicitó al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal que se retire la suspensión que actualmente impide su detención. La medida cautelar había sido concedida por la jueza Jovita Vargas Alarcón dentro del juicio de amparo 441/2025, pero estaba condicionada a que Aureoles compareciera dentro de los cinco días posteriores a la notificación oficial.

A decir de fuentes judiciales, ayer por la mañana el Ministerio Público presentó un incidente en el juicio de amparo mencionado, solicitando que se evalúe la revocación de la suspensión definitiva. Además, pidió que se requiera a la jueza de control, Patricia Sánchez Nava —quien lleva la causa penal 118/2025—, que informe si Aureoles se presentó o no ante su tribunal.

Cabe recordar que Vargas Alarcón fue señalada por la FGR por presuntamente otorgar protección indebida al ex mandatario michoacano. En su resolución del pasado 15 de mayo, estableció con claridad que el beneficio judicial quedaría sin efecto si no se cumplían los requisitos en el plazo legal correspondiente, conforme al artículo 136 de la Ley de Amparo.

En este sentido, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dirigida por María de la Luz Mijangos, ya obtuvo una orden de aprehensión contra Aureoles y otros siete ex funcionarios de su administración. Tres de ellos ya fueron detenidos y vinculados a proceso por el desvío de más de 3 mil 400 millones de pesos.

El caso sigue en desarrollo y podría derivar en la detención del ex gobernador en los próximos días, en caso de que se confirme la revocación de su protección judicial.

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