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Aunque algunas de las 26 personas registradas como candidatas a cargos dentro del Poder Judicial federal podrían estar vinculadas con la delincuencia organizada, carecer del requisito de buena reputación o no contar con la calificación mínima, ninguna podrá ser retirada de las boletas electorales, afirmó David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán.
De estas postulaciones, al menos 18 presentan serias dudas sobre su idoneidad, conforme lo manifestaron los presidentes de las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, quienes formalizaron una solicitud ante el INE para cancelar dichos registros.
No obstante, Delgado Arroyo fue claro, al señalar que ni los procesos penales en curso ni los señalamientos públicos afectan de forma automática la validez del registro, ya que incluso una sentencia firme no impediría que la ciudadanía vote por estas personas.
«Si resultan electas, su posible inhabilitación tendría que ser reclamada por vías legales posteriores, como lo permite el artículo 38 constitucional», manifestó.
Agregó que defender a narcotraficantes o asesinos no descalifica a ninguna persona aspirante, pues todos los acusados tienen derecho a ser defendidos, y criminalizar a sus defensores atentaría contra el debido proceso.
Insistió en que, mientras no exista una resolución que los declare inelegibles, los nombres de estas personas continuarán impresos en las boletas electorales.
