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El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha amenazado con expropiar terrenos a la inmobiliaria Grupo Proyecta si no dona dos hectáreas de terreno en Lomas de Angelópolis para la construcción de viviendas para policías.
El ultimátum es de 30 días, y si la empresa no accede, el gobierno procederá con la expropiación de cuatro hectáreas de su propiedad en la misma zona.
«Grupo Proyecta ha obtenido grandes beneficios económicos en la región, por lo que es justo que ahora contribuya al bienestar de Puebla», defendió Armenta a su solicitud.
La postura del gobernador ha causado opiniones divididas. Mientras algunos defienden la decisión como una medida necesaria para forzar a las empresas a invertir en el bienestar colectivo, otros critican la utilización del poder gubernamental para presionar a una empresa privada. Estos críticos sugieren que, aunque el propósito pueda ser bueno, el medio para alcanzarlo podría resultar inapropiado o incluso excesivo.
Desde el ámbito legal, expertos han señalado que la expropiación es una herramienta permitida por la Constitución mexicana cuando hay una causa de utilidad pública. Sin embargo, también se señala que, si se llega a hacer, debe seguirse todo el proceso legal, como ofrecer una compensación justa. Esto podría generar controversia si el gobierno no cumple con esos requisitos al quitar el terreno.
Grupo Proyecta, con desarrollos en Puebla, Mérida e Irapuato, ahora tiene que decidir si cede a la demanda del gobierno o enfrenta el proceso de expropiación. La situación pone a la inmobiliaria en una posición complicada y podría marcar un precedente importante para futuras relaciones entre el sector privado y el gobierno de Puebla.
