STAFF/ Marina Alejandra Martínez
La controversia en torno al juicio político aprobado en el Congreso del Estado continúa, luego de que el diputado panista Alfonso Chávez Andrade asegurara que la alcaldesa señalada ya fue notificada, mientras que el líder de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, sostiene que su correligionaria no ha recibido documento alguno.
Chávez Andrade, quien preside la Comisión Jurisdiccional, confirmó que la denuncia fue entregada la semana pasada y que se ha mantenido la secrecía sobre la identidad de los involucrados por motivos de seguridad.
«Sí, se le informó, pero lo estamos manteniendo con la mayor secrecía posible para resguardar los datos personales de cualquier persona y hoy de un funcionario público, pero si se notificó por parte del congreso, se le notificó la semana pasada, todo en tiempo y forma», aseguró.
Además, enfatizó que el proceso sigue su curso y que la Comisión buscará pruebas para garantizar que se desarrolle con total legalidad.
A pesar de estas afirmaciones, Carreño Sosa rechazó que la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, haya sido notificada, y en su conferencia de prensa aseguró que MC, se alista jurídicamente para hacer frente a lo que consideran un embate político.
Asimismo, desestimó las acusaciones que vinculan a la funcionaria con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), argumentando que se trata de intentos por debilitar a la oposición.
El legislador Chávez Andrade reafirmó que tiene el acuse de recibido, aunque, por la misma política de discreción del Congreso, no puede exhibirlo públicamente.
También anunció que la comisión sesionará el próximo viernes para evaluar pruebas y determinar si la defensa de la persona señalada ya ha sido presentada.
El panista señaló que el procedimiento tiene como plazo límite la próxima semana, aunque si alguna de las partes lo solicita, podría ampliarse hasta por siete días más.
No obstante, insistió en que el Congreso no revelará los detalles de la acusación ni del proceso hasta que sea necesario.
Finalmente, Chávez Andrade explicó que, una vez que la Comisión Jurisdiccional sesione, se determinará si el Congreso se erige como jurado y si la alcaldesa acusada podría ser removida de su cargo.
