STAFF/Marina Alejandra Martínez
A pesar de que han pasado diez días desde que el Congreso del Estado determinó la procedencia del juicio político contra la presidenta municipal de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, señalada por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta el momento no ha recibido notificación alguna.
Así lo dio a conocer el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Antonio Carreño Sosa, quien denunció que el Congreso local ha actuado de manera arbitraria en el proceso.
En este sentido, señaló que el punto correspondiente al juicio político no estaba siquiera contemplado en el orden del día de la sesión del 8 de marzo, cuando fue votado en la madrugada.
El líder del partido naranja aseguró que, aunque el plazo legal, para notificar a la alcaldesa ya se venció, su equipo jurídico sigue preparando la estrategia de defensa, pues considera que el procedimiento está plagado de irregularidades y responde más a una agenda política que a un verdadero ejercicio de justicia.
«La ley marca cinco días y no fue notificada, estamos en espera de mayor comunicación, es un proceso que se ha hecho muy al margen y mucha secrecía y que no ha sido claro ni el actuar, ni los motivos, ni la situación actual, la ley marca cinco días que ya se vencieron, bajo ese punto la alcaldesa ha atendido los temas jurídicos para trazar una ruta, que la misma ley le garantiza», subrayó.
Además, Carreño Sosa, recordó que han transcurrido tres meses desde que en redes sociales se viralizó un video donde un hombre, micrófono en mano, agradecía públicamente a líderes del CJNG la compra y entrega de juguetes a niños en Coalcomán.
A pesar de la polémica generada, las autoridades encargadas de impartir justicia no han abierto una carpeta de investigación al respecto, mientras que el Congreso del Estado sí ha impulsado el proceso de juicio político que podría derivar en la destitución de la alcaldesa.
Finalmente, hizo un llamado a garantizar el principio de presunción de inocencia y advirtió que un Congreso con mayoría oficialista podría estar marcando un precedente para destituir a más alcaldes de oposición.
