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Asociación Jueces Revira A Gobierno De Michoacán: Liberación De ’Don Chuy’ Fue Por Hacer Una Chafa Investigación 

STAFF/@michangoonga

Ante las acusaciones en contra del juez federal, Rubén García Mateos, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Gobierno de Michoacán, por la  liberación en días pasados de Jesús “N”, alias “Don Chuy”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) salió al quite del juzgador y reviró a los señalamientos.

Ante los dichos la Jufed acusó, en comunicado de prensa emitido este lunes, que dicha liberación se debió al armado deficiente de la carpeta de investigación que incluyó falsos testimonios de su captura.

La Jufed además detalló que existen pruebas de la falta de contenido, ante lo cual defendió la determinación del juez García Mateos de liberar al presunto líder criminal el pasado 6 de marzo, cuando en esa tarde, supuestos integrantes de la facción de “Don Chuy” atacaron a elementos de la Guardia Nacional.

En su boletín el organismo también afirma que las pruebas que presentaron los elementos ministeriales fueron refutadas con base a los elementos existentes “que desmintieron la versión de los hechos aportados por la fiscalía y la Guardia del Estado”.

Así, explican que el juez federal resolvió no vincular a proceso a Jesús «N», alias “Don Chuy” o “La Hamburguesa”, por la mala integración de la carpeta tras su detención reportada el 25 de febrero en Zacapu, acusado por los delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército.

En un primer momento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera, reclamó la liberación pero para la Jufed  existen medios para inconformarse por la decisión del juzgador, pero la Fiscalía no presentó los recursos necesarios.

Cabe señalar que desde enero del año pasado, el Departamento de Estado norteamericano ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su detención y está incluido en la lista de narcotraficantes más peligrosos.

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