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En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzadas, integrantes de la Asociación «Familiares Caminando por la Justicia» realizaron un ejercicio de la instalación de un árbol de la memoria por los desaparecidos en Plaza de Armas de la capital michoacana.
Con el objetivo de nombrar, visibilizar y honrar a los desaparecidos y sus familias se llevó a cabo esta actividad, misma que se espera, sea respetada siempre, por las autoridades y los ciudadanos en general.
«Recordamos con rabia y tristeza la deuda histórica del estado en materia de Derechos Humanos, motivo por el cual realizamos acciones que visibilicen la permanencia de dicha obligación, a falta de voluntad política para erradicar tan aterradora práctica» mencionó una de las familiares de desaparecidos.
En este tenor, se expuso que desde hace 8 años, se registran los rostros y los nombres de las víctimas desaparecidas, como forma de denunciar que a quienes se llevaron hace 1, 5 o incluso 10 años siguen desaparecidos, mientras que las autoridades hacen omisión a esta lamentable situación.
Si bien esta intervención surge por la organización Familiares Caminando por la Justicia, se mantiene abierta la invitación a todos los colectivos del estado, familiares e incluso a las autoridades para sumarse a este árbol memorial.
«Resulta importante mencionar que se pidieron los permisos para que este árbol de memoria se conserve sin retirarse (…) Vivos se los llevaron, vivos los queremos» enfatizó una de las voceras de la asociación.
Por otra parte, se expuso que Familiares Caminando por la Justicia tiene documentados 132 casos de personas desaparecidas, mismos que aseguran pueden comprobar es responsabilidad del gobierno estatal, «ya sea por acción o por omisión».
Sin embargo, resaltaron que en todo Michoacán son más de 4 mil los casos de desaparición, siendo Zamora, Uruapan, Apatzingán y Tanhuato las zonas más concurrentes.
Por último, hicieron un llamado a las autoridades estatales para que cumplan con sus obligaciones institucionales, ante ciertas irregularidades que expusieron como la «fuga de información» y l falta de documentación correcta, así como la falta de digitalización de los registros de las personas desaparecidas.
