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El Senado de la República aprobó por unanimidad con 86 votos a favor la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad identificar a deudores y acreedores de obligaciones alimentarias establecidas en resolución judicial firme a terceros relacionados con dichas obligaciones y brindar información en la materia.
Entre los trámites y procedimientos que podrán requerir la expedición de ese certificado están las licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y viaje, participar como candidato a cargos públicos, participar como aspirante a cargos de jueces o magistrados en el ámbito local o federal.
Y dicha información será proporcionada por el Poder Judicial de la Federación, para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se encargue de la la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y que contará con 300 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, para su implementación.
“Los que se realicen ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, y en las solicitudes de matrimonio el juez del Registro Civil hará del conocimiento si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro, mencionando la situación que guarda con respecto a las obligaciones que tiene”.
Por lo que Mayuli Martínez, senadora del PAN, expusó que la pensión alimenticia es un tema de gran importancia en México, por el bienestar, la seguridad social y económica de los menores de edad.
“Es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos como la alimentación, la habitación, la ropa, la educación, atención médica y demás necesidades elementales para niños y adolescentes de México, que tienen derecho a que sean cubiertas”, indicó la senadora del PAN.
