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El juez federal Sergio Santamaría Chamú dio a conocer que está considerando presentar una denuncia contra el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por presunto daño moral, difamación e intromisión en el proceso electoral relacionado con la elección judicial federal. Esto, a raíz de los señalamientos que el mandatario estatal hizo en su contra, luego de que Santamaría otorgara una suspensión provisional a favor del grupo musical “Los Alegres del Barranco”.
En entrevista con Azucena Uresti, el juez calificó como irresponsables las declaraciones del gobernador.
“Es una afirmación temeraria, como muchas que suelen provenir de figuras políticas a nivel nacional o estatal. Esta acusación, sin ningún respaldo probatorio, podría generar consecuencias legales para quien la emite”, declaró Santamaría.
Lo anterior en respuesta a las insinuaciones de Ramírez Bedolla, quien dejó entrever que el juez pudo haber recibido dinero a cambio de suspender temporalmente el decreto estatal que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos en Michoacán.
Ramírez Bedolla criticó la decisión del juez con una expresión que Santamaría consideró ofensiva y carente de fundamento. “Alegre juez, ¿verdad? Así le debe haber caído en su cuenta bancaria”, comentó el gobernador en rueda de prensa, mientras anunciaba su intención de presentar ante el Congreso local una iniciativa para penalizar la apología del crimen en eventos masivos.
Ante estos hechos, el juez no descarta interponer no solo una demanda por daño moral, sino también una queja ante las autoridades electorales.
“Este tipo de declaraciones impacta negativamente en el proceso electoral y afecta directamente mi imagen como candidato en la elección judicial, al intentar presentarme como una figura corrupta. Eso, en un Estado de derecho, es inaceptable”, subrayó el juez.
Santamaría explicó que actualmente participa como candidato en el proceso de elección judicial, dentro del marco de la reforma que permite la reelección de jueces y magistrados federales. Según indicó, los comentarios del gobernador atentan contra la equidad de la contienda.
“Existen disposiciones en el Código Penal Federal que sancionan la difamación, y también en materia electoral se puede solicitar al INE que limite este tipo de manifestaciones por parte de actores políticos”, detalló.
El juez también aclaró que no otorgó un amparo como tal a la agrupación de narcocorridos “Los Alegres del Barranco”, sino una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por el propio grupo musical en contra del decreto del gobierno de Bedolla, que prohíbe la interpretación de ciertas canciones en eventos públicos.
“Lo que emitimos fue una suspensión provisional, no un amparo definitivo. Esta medida busca proteger derechos como la libertad de trabajo y de expresión, que podrían verse afectados por el decreto”, señaló.
Finalmente, aunque evitó emitir juicios políticos directos, el juez lamentó el deterioro del Estado de derecho ante prácticas como las del gobernador.
“Esta costumbre de lanzar acusaciones sin pruebas es común en la política y es justo lo que mantiene a nuestro país alejado de un verdadero Estado de derecho”, concluyó.
