STAFF/ Margarita Arreola @Arreolamargui
El amparo colectivo interpuesto contra el decreto de confinamiento obligatorio, emitido por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, como medida sanitaria contra el COVID-19; tuvo una respuesta de Suspensión de Plano a favor de 428 quejosos, al ser inconstitucional y que de no seguir las recomendaciones sería acreedor a una sanción que podría llevar a la destitución del propio mandatario estatal.
«La Suspensión de Plano, significa que cuando el juez considere que se trata de una situación grave que pone en riesgo la vida o los derechos humanos emite una resolución que se salta el cuadernillo de incidentes y audiencia, para que en 24 horas la autoridad demandada rinda un informe que de no cumplir cae en desacato y será acreedor a una sanción que dará cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que inicie con el proceso de destitución de Silvano», explicó el abogado Jorge Álvarez Banderas, encargado de realizar el amparo.
Álvarez agregó que un juicio de amparo colectivo se presenta por particulares contra una autoridad, en este caso se logró la Suspensión de Plano, la primera en el estado contra el decreto de Silvano, ya que los otros amparos interpuestos por abogados han tenido una resolución provisional.
Esto quiere decir que mientras tenga vigencia el decreto que expira el 17 de mayo, las 428 personas quejosas podrán salir a realizar sus tareas sin ser molestados.
Las multas de 4 a 8 mil pesos y sanciones que propone el gobernador a quien no esté en casa son ilegales porque no es su facultad y porque deben estar aprobadas por el Congreso Local, situación que no sucedió.
El especialista en derecho, deja claro que la resolución emitida por el Juez Séptimo de Distrito, no es para que las personas desacaten los lineamientos y protocolos de salud, sino para que no se violen las leyes.
«Estamos a favor de que se queden en casa, pero no así con un decreto ilegal; entendemos las posturas en contra, nosotros no estamos tratando de ser protagonistas, es más no estamos cobrando ni un centavo, se trata de defender el estado democrático y evitar sea un estado autoritario», remató el Doctor Álvarez Banderas.
