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Acusando que el procedimiento en su contra por parte de la FGR no fue apegado a la ley al ser cateadas sus instalaciones la noche de ayer, la empresa Aerotours La Viña propiedad del empresario aguacatero Valentín Rodríguez, dio su postura mediante comunicado.
En principio ha trascendido que dicha acción fue en relación a las indagatorias que se realizan en torno al exgobernador Silvano Aureoles acusado de desvió de recursos públicos, ya que dicha empresa es ligada a uno de sus hermanos.
Sin mencionar ese tema, Aeroturs la Viña S.A. de C.V. detalló lo sucedido condenando las formas en que se produjo el operativo de aseguramiento del helipuerto ubicado al sur de Morelia en la zona de Casa Michoacán y desde donde se ofrecían servicios de renta y paseos en helicópteros.
Y expusieron que son «una empresa familiar que se constituyó legalmente en el año 2013, operando de manera ininterrumpida desde ese entonces hasta esta fecha».
A continuación narran lo sucedido:
«El día de ayer 14 de abril, aproximadamente a las 20:00 horas llegaron a sus instalaciones, personal de la Fiscalía General de la República, supuestamente amparados en una orden de cateo.
Poco después, se presentó en dicho lugar el representante legal de la empresa, Señor Valentín Rodríguez Gutiérrez, quien no pudo ingresar al domicilio social, al encontrarse bloqueada la calle de acceso al mismo, y quien no obstante haberse identificado plenamente, no le fue exhibido el mandamiento de autoridad judicial bajo el cual presuntamente habían ingresado al domicilio los elementos de la Fiscalía General de la República, motivo por el cual, ante la imposibilidad material de poder concretar el ejercicio de sus garantías constitucionales de audiencia, legalidad y debido proceso, optó por retirarse del lugar.
La autoridad ministerial mantuvo retenidos en el lugar de los hechos, desde las 20:00 horas del día de ayer hasta las 06:00 horas del día de hoy, a tres empleados de la empresa, a quienes no dio información ni participación alguna en las actividades que llevaron a cabo en el inmueble, ya que los tuvo segregados de dichos eventos.
Una vez que el personal de la Fiscalía General de la República concluyo las actuaciones inherentes al supuesto cateo, procedieron a colocar en el inmueble sellos de aseguramiento.
En virtud de que la naturaleza y el desarrollo de los eventos antes mencionados contravienen los principios más elementales de un Estado democrático, la empresa procederá de inmediato por las vías legales a realizar la defensa de sus derechos para recuperar el pleno ejercicio de los mismos», concluye el boletin.
Hasta el momento ninguna autoridad estatal o federal se ha pronunciado al respecto de esta acción legal.
