Asociación Brigada Callejera Ve Falta De Voluntad Para Legislar Sobre Trabajo Sexual

STAFF/@michangoonga/Alejandro Amado

Acoso policial, una ley ambigua y confusa, condiciones laborales inadecuadas, victimización o criminalización, corrupción y crimen organizado son parte de las batallas diarias de las trabajadoras sexuales. Desde 2016, un grupo ellas, a través de la asociación civil Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, presentó una iniciativa de ley para delimitar algunos aspectos de la trata de personas, misma que fue aprobada por el Senado pero archivada por la Cámara de Diputados federal.

“El estigma, la falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo, la confusión creada por la ley contra la trata de personas, el amplio poder de los cárteles y la corrupción e impunidad de los agentes de policía, exacerbados por la presión de la trata de personas por parte de Estados Unidos y su informe para mostrar el progreso en la lucha contra la trata de personas (generalmente mostrando más detenciones, enjuiciamientos y condenas), crea una tormenta perfecta en la que los diferentes actores abusen, exploten, extorsionen y maltraten a las trabajadoras sexuales”, expuso Francisco Javier Lagunes Gaytán en el Informe México 2018, que elaboró para la asociación antes mencionada, que forma parte de la Alianza Global Contra la Trata de Mujeres, (the Global Alliance Against Traffic in Women, GAATW).

De acuerdo con el informe, tanto la legislación federal sobre trata de personas, como sus homólogos estatales, no establecen una diferencia clara entre explotación y trata, tal como la que existe en tratados internacionales, como el Protocolo de Palermo, en donde se especifica que deben existir pruebas tangibles de que la víctima fue forzada de algún modo a proporcionar servicios sexuales.

Se considera explotación, en cambio, cuando la persona que brinda estos servicios es mayor de edad y consintió hacerlo, pero existe una tercera persona que se beneficia económicamente de ello.

La imposibilidad de diferenciar estos conceptos deriva en falta de beneficios laborales, como podría ser un contrato y permite que exista hostigamiento por parte de los elementos policiales.

“Los legisladores violan la capacidad de decisión de las personas. Cualquier actividad sexual remunerada, incluso consensual, podría constituir un delito, ya que las definiciones delictivas no están claramente relacionadas con los medios”, denuncia Lagunes Gaytán. Con medios, se refiere a las formas en que se puede coaccionar o forzar a una víctima de trata.

El 98.6 por ciento de las mujeres que ha atendido esta organización, refieren haber sido víctimas de violencia policíaca en operativos policíacos contra la trata de personas, pese a ser consideradas por la autoridad como presuntas víctimas de trata.

Si bien el trabajo sexual se ha convertido en una opción para muchas mujeres mexicanas o extranjeras que migran para laborar en el país debido a la fuerte desigualdad económica que prevalece en nuestra región y en México de manera particular; nos encontramos también en un país que ha sido catalogado el cuarto más violento del mundo, en donde también los índices de impunidad son los mayores.

“En el Triángulo Norte de América Central, los homicidios intencionales son los más altos en la región, con 75 por cada 100.000 habitantes por año en Honduras, 64 en El Salvador y 31 en Guatemala, en comparación con 16 en México”, expone el informe.

A manera de conclusión, Brigada Callejera presenta seis propuestas: intensificar la prevención de la trata en regiones en donde prevalece la violencia contra la mujer, ya sea a través de feminicidios o de desapariciones; tomar en cuenta los indicadores que han desarrollado Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual; mejorar la protección de las posibles víctimas de la trata, como los hijos de trabajadores sexuales; incluir a las trabajadoras sexuales como un grupo especial que necesita protección en la alerta de violencia de género contra las mujeres; derogar la disposición de los códigos civiles y familiares en donde se estipula que los trabajadores sexuales pueden perder la patria potestad de sus hijos debido a su profesión; modificar las legislaciones que criminalicen a quienes hacen uso de servicios de víctimas de trata sin saber que lo son.

La posibilidad de perder a los hijos, de acuerdo con este informe y los testimonios en él vertidos, es una manera de presionar o extorsionar a las trabajadoras sexuales, ya que son amenazadas con que serán denunciadas y no volverán a ver a sus hijos si no entregan una cuota diaria.

Luego de recopilar las experiencias de 15 mil trabajadoras sexuales a quienes esta asociación ha brindado asistencia a lo largo de 15 años, se ha logrado establecer algunos índices, como que el 75 por ciento de ellas comenzó a trabajar entre los 15 y los 19 años de edad y más del 67 por ciento fue objeto de trata.

“El 100%, son víctimas de explotación laboral, ya que no cuentan con ninguna de las prestaciones sociales que contempla el Derecho Laboral para otros oficios y profesiones”, concluye Brigada Callejera.