STAFF/ Matilda Martínez / @ellycastillo
Fue una sesión legislativa larga, como pocas veces, de poco más 10 horas de duración, la vivida ayer en el Congreso de Michoacán donde como pocas veces estuvieron presentes los 40 diputados locales de la LXXIII Legislatura para aprobar el presupuesto de egresos 2017, es decir, para decidir cómo se habrán de gastarse, invertirse, o desperdiciarse el dinero público con el que contarán las arcas públicas y que es de poco más de 60 mil millones de pesos.
La razón de sesionar de madrugada fue un tanto incierta, pues desde las 14horas ya estaban “planchados” los acuerdos y el reacomodo de cifras para “cuadra” la propuesta del Ejecutivo con los intereses del Congreso, que por cierto, se autoasignaron los diputados un incremento de 100 millones de pesos.
El hecho es que los diputados tenían que tener listo y aprobado el paquete fiscal antes de que terminará el año, y así se la prolongaron hasta las 3:57 am.
Hubiera durado una hora y media menos el trabajo parlamentario si la diputada del PT, Mary Carmen Bernal comprendiera su papel como diputada de minorìa, luego de reservarse la votación en al menos seis artículos, siendo todas sus propuestas bateadas salvo una corrección de redacción, provocando sólo más tedio en el recinto parlamentario de la Madero.
Con jaloneos menores, autoelogios por su “gran trabajo”, aplausos entre ellos mismos, los integrantes de la 73 Legislatura aprobaron por mayoría el Presupuesto de Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal por más de 61 mil 797 millones 895 mil 203 pesos.
EL REPARTO DEL PASTEL
Así, se acordó que el recurso aprobado, es 2 mil 763 millones de pesos más, que el autorizado en este 2016 por acabar, por el orden del 4.68 por ciento.
Aquellos que tuvieron mayor disminución fue el Poder Judicial de mil 251 millones 983 mil 724 pesos, pasó a mil 164 millones 510 mil pesos, con una reducción de menos de 87 millones 472 mil pesos.
En lo que respecta a la Universidad Michoacana, se registró una disminución de 392 millones 267 mil pesos, que representa menos el 11.67 por ciento.
Otro de los rubros afectados, fue la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con un millón 160 mil pesos.
Otras de las áreas con disminución fue la Secretaría Particular con menos 20 millones 384 mil pesos, la Coordinación de Comunicación Social, con 2 millones 315 mil pesos, Secretaría de Finanzas, con 253 millones 226 mil pesos.
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), mil 76 millones de pesos, Secretaría de Desarrollo Rural y Agropecuario, 135 millones 337 mil pesos.
La Secretaría de Turismo, tendrá menos 19 millones 707 mil pesos en comparación con el año pasado; Secretaría de Educación, menos 122 millones 33 mil pesos.
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), también sufrió una baja debido a que en el 2016, tuvo un presupuesto de mil 196 millones de pesos y para este 2017, se prevé mil 123 millones de pesos, es decir 73 millones 520 mil pesos menos.
La Secretaría del Migrante, también registró un recorte de menos 2 millones 451 mil pesos; Coordinación General de Gabinete y Planeación, menos un millón 249 mil pesos.
También la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tiene una disminución de 218 millones de pesos; Secretaría de Salud mil 153 millones de pesos; Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, menos 74 millones 126 mil pesos.
Secretaría de Cultura, menos 119 millones 232 mil pesos; Inversión Municipal, menos 139 millones de pesos; Secretaría de Pueblos Indígenas, 33 millones 161 mil pesos.
Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado Representación del Gobierno en el Distrito Federal, menos 768 millones de pesos; Procuraduría de Protección al Ambiente, menos 5 millones 76 mil pesos; Tribunal de Conciliación y Arbitraje, menos 831 mil pesos.
De igual forma, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Estado, menos un millón 648 mil pesos; Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, menos 13 millones 392 mil pesos.
Dentro de las negociaciones, acordaron incluir tres artículos transitorios, destinados a favorecer la seguridad pública y enfermos renales, mientras que un último será la creación de una auditoría externa para conocer cuánto se les adeuda a los proveedores, ya que según estimaciones la cifra puede superar los 13 millones de pesos.
