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Durante la XLI Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó y admitió «No estamos satisfechos con lo que hemos logrado en el combate a la delincuencia y la violencia en el país”, esto se llevó a cabo en Palacio Nacional de la capital del país.
Asimismo señaló que la seguridad pública del país, continúa representando un problema y un desafío, por lo que enfatizó «Pero también la urgente necesidad de que todos nos comprometamos de manera seria y profunda. Más allá de razones, de excusas o de culpas que se quiera pretender dar o decir», éste es el momento de redoblar el paso, no claudicar y ser perseverantes.
Peña Nieto señaló que en la presente administración se ha canalizado aportaciones y subsidios federales, por más de 49 mil millones de pesos a las corporaciones locales de seguridad, con este recurso se han renovado instalaciones, equipos, armamento, tecnología de comunicación y se ha capacitado a más de 500 mil elementos de seguridad pública y de procuración de justicia, y 34 mil mandos policiales como una tarea permanente para que la sociedad confien en ellos, como lo demandan.
Ante la actual situación de violencia que se vive, el mandatario federal giró instrucciones para «hacer un esfuerzo adicional» y que todos los órdenes y niveles de gobierno «nos comprometamos a dar los recursos para fortalecer las acciones en materia de prevención», en la sesión urgió al Congreso para votar la iniciativa turnada hace dos años para actualizar el modelo policial del país (mando único), así como para aprobar una ley de seguridad interior que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas de combate a la delincuencia.
Insistió también en la obligación irrenunciable, insustituible e indeclinable del Estado para procurar paz y seguridad a los ciudadanos.
Otras prioridades en cuestiones de seguridad para 2017, añadió, serán fortalecer la estrategia en los 50 municipios más violentos del país y que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos, y consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Asistieron todos los ejecutivos estatales a excepción del gobernador de Jalisco.
