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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votará hoy un proyecto de resolución a favor o en contra de las modificaciones a la Ley sobre Derecho de Réplica.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, propone eliminar los conceptos de información falsa o inexacta de lo establecido en la ley para ejercer el derecho de réplica. Lo que implicará que cualquier persona que se sienta agraviada por información publicada en medios de comunicación, tendrá el derecho de réplica que solicite, de no ser tomada en cuenta, podrá en tal caso, acudir a un tribunal civil y requerir al juez que obligue al medio le sea otorgado su derecho.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa, la aprobación de dicho proyecto desestabilizaría el ejercicio periodístico, así como la libre expresión en México, ya que supone una regresión a los estándares en dicha materia. Por lo que lamentan que no se haya consultado a juristas expertos en comunicación, académicos y sectores interesados.
Matt Sanders, presidente de la SIP, que acoge a más de mil 300 publicaciones del hemisferio occidental, dijo que su preocupación sobre el tema, se debe a que una acción de esta naturaleza, “complicaría aún más el deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor de impacto social”.
Por su parte, Perla Gómez Gallardo, titular de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) exhortó a los medios de comunicación a no permitir que el pleno de la Corte apruebe el proyecto de resolución, ya que dijo, avalaría un criterio erróneo sobre la Ley del Derecho de Réplica para que los periodistas sean llevados a juicio.
Asimismo afirmó que avisará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la Libertad de Expresión para que realice un pronunciamiento al respecto, ya que la propuesta de Ley es anticonvencional.
Como un atentado a la libertad de expresión podría significar la aprobación del proyecto “En un país como el nuestro se podría utilizar para frenar la libertad de expresión, o por lo menos acortarla y exigir que las personas o medios de comunicación tengan que enfrentar procesos legales por considerar que la información afecta a algunas personas, o, sobre todo, a algunos tomadores de decisiones”, señaló.
El dirigente del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de la Televisión y Radio (Sitatyr) Patricio Flores Sandoval, consideró que no alcanzaría los espacios en los medios impresos o electrónicos para difundir las réplicas de aprobarse el proyecto.
El derecho es un mecanismo importante y una prerrogativa que sirve para aclarar, explicó Issa Luna Pla, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sin embargo en caso de que existiera información incorrecta, como establece el proyecto del ministro Pérez Dayán, habría confusión en la legislación sobre cuál es el derecho a respetar.
Para la activista social, Isabel Miranda de Wallace, la ley contempla excepciones para demandar cuando se publique con dolo información falsa, por lo que las reglas deben ser muy específicas.
Joaquín López Dóriga, manifestó en su columna En Privado, que confía en que el pleno de la Corte, “esté del lado de los ciudadanos y la libertad de expresión, y no de esa forma de represión”, ya que con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y Morena, se busca solamente “blindarse” contra información verídica.
El activista y escritor Javier Sicilia, llamó a no judicializar el derecho de réplica y a evitar resoluciones como la que será discutida hoy “el derecho de réplica se debe dar no en los aparatos de justicia, se tiene que dar en una polémica abierta y demostrativa de investigación dentro de los espacios periodísticos, lo otro es una trampa para amordazar a la prensa y a los reporteros” comentó.
El proyecto establece que los casos sobre derecho de réplica de información que ha sido publicada durante el periodo de comicios serán competencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD y Morena, advirtió la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión sobre el Derecho de Réplica, pretende fuero para los partidos políticos, para que no sean los tribunales federales los que procesen esos temas.
Con esta medida, indicó, los partidos buscan llevar a medios impresos y electrónicos a los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que instaura el INE y el TEPJF, donde los partidos siempre llevan ventaja al tratarse de sus cortes y sistemas de litigio ad-hoc.
David Peña, del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, dijo que los funcionarios y los candidatos están sometidos a un escrutinio más estricto por ostentar o pretender cargos públicos, al igual que empresarios, artistas o deportistas relacionados con el ejercicio de recursos públicos y que el proyecto implica el riesgo de que los medios se conviertan en canales de comunicación política en las campañas.
A nivel internacional, el periódico Nuevo Día, de Perú; El Nacional, de Caracas, y La Nación, de Argentina calificaron de “acecho” a la libertad de prensa mexicana.
La acción de inconstitucional promovida por el PRD fue firmada por el entonces presidente nacional del partido, Agustín Basave, quien aseguró que no se pretende un ataque o restricción a la libertad de expresión, sino hacer eficaz el derecho de réplica, por lo que ve bien el proyecto de sentencia del ministro Pérez Dayán.
Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, dijo que la propuesta no contrapone con la libertad de expresión y afirmo que actualmente no hay derecho de réplica para quienes se ven agraviados por publicaciones tendenciosas y carentes de objetividad.
Alberto Pérez Dayán, dijo en entrevista que su proyecto no busca coartar ni judicializar la libertad de expresión, sino encontrar un equilibrio entre ésta y el derecho de réplica, por lo que adelantó que hoy presentará en el pleno un panorama completo de posibilidades para invitarles a analizar a fondo el tema y, en todo caso, establecer una “interpretación a modo” de la ley, que significa que en lugar de que sea aplicada de manera literal, se establezca que la inexactitud también puede referirse a información verdadera, pero descontextualizada o incompleta.
Cabe señalar que para que el fallo sea aprobado, tal y como está, se requiere de ocho votos, pero para que se establezca la interpretación que busca el ministro Pérez Dayán requiere de seis votos.
Con Info: El Universal
