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Un siniestro y lamentable espectáculo se registró la tarde del 15 de Septiembre en Yurécuaro, la tierra de Enrique Hernández, el líder de las autodefensas de ese municipio asesinado en mayo pasado en plena campaña para la alcadía, luego de que cientos de palomas amanecieron muertas en el Centro de la cabecera municipal creando un cuadro dantesco con las aves muertas y regadas por doquier.
El hecho ha generado indignación colectiva y el Ayuntamiento expresó su postura, a través de sus cuentas en las redes sociales, condenando “enérgicamente” el acto que calificó “de mala fe” cometido en la plaza principal en punto de las 15:30 hrs, “en donde las palomas de nuestra plaza principal fueron envenenadas por medio de alimento para aves”.
Tras lo a administración que encabeza Marco Antonio González Jiménez, quién ganó la alcaldia a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),informó que la Sindicatura Municipal esta procediendo contra “el culpable de éste acto que nos parece nefasto y que atentó contra el patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad”.
Finalmente refiere la alcaldía que “se ha abierto ya, una línea de investigación con el fin de que el culpable responda ante las autoridades correspondientes”.
Sin embargo en las redes sociales se denuncia que el culpable es precisamente un pariente del presidente municipal, de nombre Ramón Contreras, quien es acusado de ya en el pasado matar masivamente animales como perros y gatos.
Los ciudadanos que lo señalan han referido que en caso de que el Ayuntamiento no interponga la correspondiente denuncia contra el hombre señalado, ellos mismos procederán a hacerlo.
¿Qué dice la ley?
En enero del 2014, el Congreso de Michoacán aprobó la tipificación del maltrato animal como delito en el código penal del estado.
Las reformas anexadas al código penal del estado, publicadas el 21 de enero en el Periódico Oficial, buscan castigar a aquellas personas que incurran en maltrato, violencia y privación de la vida contra los animales.
Los delitos que se castigan por la ley estatal son: abandono, abusos sexuales, actos abusivos, negligentes y omisiones en el trato doméstico y laboral cotidiano y peleas callejeras.
La iniciativa contempla sanciones que van de los 50 a los 500 salarios mínimos y de 6 a 24 meses de cárcel, dependiendo de la gravedad del delito.
