Podrido el poder judicial// By Salatiel Arroyo
Del ejecutivo y legislativo no sorprende su degradación, pero el poder judicial de la federación había sido la institución con mayor credibilidad de los poderes de la Unión; pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se supone esta integrada por los ciudadanos mexicanos más probos y doctos del país. Por ello sus sueldos son los más dispendiosos en el servicio público, superiores incluso al del presidente de la República (ejecutivo). Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 563 mil pesos al mes o 18 mil 523 pesos al día, mientras que Peña Nieto percibe de salario 8 mil 176 pesos diarios o 248 mil 764 pesos mensuales.
Hace algunos días el Senado de la República aprobó tres nuevos nombramientos de Ministros, entre ellos el del multicuestionado ex titular de la PGR en gobiernos panistas, Eduardo Medina Mora, sin importar 54 mil firmas, del mismo número de ciudadanos que de esa manera expresaron su repudio al también ex embajador priista. Los cuestionados antecedentes del ex jefe de la dependencia más corrompida del sistema político mexicano (PGR), fueron insuficientes para sensibilizar a los Senadores y echar abajo la orden absolutista del ejecutivo federal.
Una vez concretada la imposición de Medina Mora, el Senador panista Javier Corral aseguró que los nombramientos de los Ministros de la SCJN fueron acordados previamente entre el PRI y su partido (PAN), para repartirse dichas posiciones, dos para el tricolor y una para Acción Nacional, de esa manera el Poder Judicial de la Nación estará sometido y al servicio del ejecutivo, cuyo titular ha evidenciado claras muestras de incompetencia y deshonestidad, lo que augura un peor deterioro en la administración de Justicia en el país, pues tan relevantes espacios se reparten como cartas de cambio y con el perverso propósito de auto procurarse impunidad.
LAS INCONGRUENCIAS EN MICHOACAN
La liberación de Hipólito Mora Chávez y de Luis Antonio Torres (“el americano”), es otra demostración de esa degradación del Poder Judicial, cuya contaminación inicia a nivel federal y se reproduce en Michoacán, donde el Magistrado de la Séptima Sala Penal, primero absolvió a ambos presuntos infractores, argumentando a favor de los procesados “legitima defensa”. Después, ante la presión de la opinión pública el Magistrado “rectifico”, cambió la absolución por “libertad bajo las reservas de ley” y la legitima defensa por “falta de pruebas” para procesar.
De Hipólito Mora y sobre todo respecto al Doctor José Manuel Mireles Valverde, podría entenderse que por sus antecedentes de organizarse, defenderse y luchar para liberar a los pueblos de Michoacán (particularmente de Tierra Caliente) del sometimiento y agravios del crimen organizado, supliendo las obligaciones del Estado Mexicano, fueran favorecidos con el indulto u otra figura jurídica, como legitima defensa, que les proporcionara la libertad inmediata. Lo que no se explica es, como y a quienes se castigará por los once muertos, entre ellos el hijo de Hipólito Mora Chávez, consecuencia del enfrentamiento o agresión de “el americano” en contra del líder de las autodefensas, el 16 de diciembre; donde, de acuerdo a múltiples peritajes, se dispararon más de mil 500 balas, de diversos calibres, se detonaron granadas de fragmentación y quedaron decenas de huérfanos, viudas y padres sin hijos, que para la justicia michoacana todo parece indicar que no cuentan. Estimulando con esa IMPUNIDAD más comportamientos y conductas ilícitas que merman las capacidades de las instituciones y la confianza en ellas.
SE ESTIMULA A LOS CRIMINALES EN ZITÁCUARO
Esa colusión u omisión protectora del poder judicial y de los órganos encargados de la procuración de justicia, para investigar y en su caso castigar a los criminales incrustados en cargos de elección popular o espacios en la función pública, desprestigia a las instituciones, desalienta a la población e incrementa el cinismo en los infractores; la mayoría de estos depositarios de la soberanía popular, a través de la confianza ciudadana del sufragio.
Las múltiples propiedades a nombre del presidente municipal de ZITACUARO y su familia, la forma ilícita (violenta) en que se apropió de algunas de ellas, la evasión fiscal al adjudicarles un valor catastral muy inferior al real, delitos en los que pudieran estar también involucrados Notarios Públicos y peritos valuadores, no son lo más grave en la conducta del alcalde; sin embargo, la descomposición de poderes, desde el nivel más alto de la federación, hasta la pudrición en el ámbito estatal, inhiben su investigación a fondo, imposibilitan se conozca la verdad y se actué en consecuencia, facilitando mayor margen de maniobra a los corruptos e incitándoles para que incrementen sus fechorías, que cada vez serán más ofensivas y cuando resulten incontrolables e inocultables, la Federación simulará ignorancia o argumentará que no existió denuncia previa de los hechos, como sucedió con el caso Abarca-Iguala.
Desafortunadamente para el PRI, los titulares de los tres niveles de gobierno, donde en la actualidad inciden estas descomposiciones, pertenecen a ese partido; a pesar de ello no han sido cuidadosos en la selección de sus nuevos candidatos y en algunos municipios, como Zitácuaro, de ganar sus abanderados, la situación podría empeorar. Aunque los representantes de los otros institutos políticos tampoco están exentos, sin embargo es del PRI de donde surgió el peor gobierno que Zitácuaro ha padecido y son algunos de los hoy candidatos priistas quienes lo han protegido; por lo que existe certeza en la futura adversidad que nos espera, si no se logra la alternancia partidista en el gobierno municipal o se niega a integrar en la planilla del PRI a perfiles diferentes, líderes liberales, que generarían contrapeso al autoritarismo caprichoso, en lugar de personas que sólo pretenden perpetuarse para protegerse en el cabildo o seguir perjudicando el patrimonio colectivo del municipio.
NO SOLO EN EL PRI HAY MALOSOS
Aunque el presente los exhibe y sus actos de gobierno lo confirman; no todos en el PRI son malos, ni todos los malos son del PRI, aunque muchos de ahí vienen.
Por ejemplo, Luisa María Calderón Hinojosa, COCOA, ha alardeado que en su partido abunda la transparencia y que jamás aceptarán como candidatos del PAN a personas de trayectoria cuestionada o con vínculos “extraños”…
El pasado mes de noviembre aseguró que su partido (PAN), impulsaría en Michoacán candidatos “limpios” de cualquier vinculo con la delincuencia organizada. Urgando en archivos periodísticos encontré que días después de la declaración de COCOA, El Sol de Toluca, en su edición del 4 de diciembre y un canal de Televisión, dan cuenta de la detención y consignación de una pareja relacionada con el delito de extorsión, delincuencia organizada y portación de armas de fuego; cuya detención se derivó de una investigación en la que participaron la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Secretaria de Marina, por varias denuncias de empresarios madereros que aseguran ser victimas de extorsión por parte de dichas personas que se ostentaban como miembros de un grupo criminal originario de Michoacán, mismos que fueron aprehendidos el 29 de noviembre y puestos en libertad días después.
Los acusados son familiares en primer grado del candidato panista a la alcaldía de Ocampo Michoacán, mismos que en nuestro Estado fueron hostigados, privados de su libertad y extorsionados por el mando unificado de Alfredo Castillo, situación que valerosos denunciaron, incrementándose la persecución en su contra; existiendo la hipótesis de que su detención en el Estado de México sea producto de la escalada represiva por la denuncia que hicieron en Michoacán y permitiera que policías estatales fueran aprehendidos.
Pero esto sólo es una hipótesis, pues ninguna de las partes ha dado claridad a ambos asuntos, ni la subprocuraduría de justicia de Zitácuaro, ni el PAN a demostrado esa “transparencia” de sus candidatos, ni los familiares del abanderado han exhibido que hayan sido absueltos de los cargos que se les imputan.
No obstante, ése mismo candidato fue acusado en 1988, cuando fungía como alcalde de dicho municipio, de haber disparado un arma de fuego en contra del diputado federal (del PARM), Hiram Rivera Tejeda.
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