STAFF/@michangoonga
Un migrante michoacano, originario de Jeráhuaro, Zinapécuaro, identificado como Jaime Alanís García, de aproximadamente 56 años, falleció tras caer desde el techo de un invernadero durante una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la mañana del jueves 10 de julio en una plantación legal de cannabis en Camarillo, condado de Ventura, California.
Según el gobierno mexicano y fuentes oficiales, Jaime ingresó al hospital con fracturas en el cráneo y cuello, además de la ruptura de una arteria cerebral, y murió el sábado 12 de julio. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya se realizan los trámites para repatriar su cuerpo a México, y que se dará seguimiento legal a través del programa PALE.
Su familia confirmó que llevaba cerca de 10 años laborando en ese lugar, desde donde enviaba dinero a su esposa e hija en México.
El operativo fue calificado como caótico y violento. Según el Departamento de Seguridad Nacional, se ejecutaron órdenes de cateo en las instalaciones de Glass House Farms en Camarillo y Carpinteria, donde se arrestaron alrededor de 200 personas indocumentadas, además de al menos 10 menores de edad. También fueron detenidos cuatro ciudadanos estadounidenses por supuesta resistencia o agresión a los agentes.
Durante la redada, se registraron enfrentamientos: manifestantes lanzaron objetos y se utilizó gas lacrimógeno para dispersarlos; además, se reportaron disparos hacia los agentes, quienes ofrecieron una recompensa de 50 mil dólares por información sobre los responsables.
Testimonios señalan que Jaime se encontraba huyendo por el techo cuando cayó desde una altura de 9 metros (30 pies), rompiéndose el cuello, y aunque no estaba bajo custodia ni perseguido directamente, una ambulancia aérea (medivac) lo trasladó inmediatamente. El Departamento de Seguridad detalló que no se le estaba persiguiendo al momento del accidente.
El sindicato United Farm Workers (UFW) condenó el operativo y lo calificó de “violento y cruel”, asegurando que estos actos generan terror en las comunidades, afectan la cadena alimentaria y separan familias.
Esta es la primera muerte confirmada durante una redada migratoria bajo la actual administración. El hecho ha desatado críticas de activistas, organizaciones de derechos humanos y autoridades mexicanas, que cuestionan la magnitud, los métodos y las consecuencias de este tipo de operativos .
