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Morelia, Michoacán., 27 de Abril del 2015.-En el informe emitido por el grupo de trabajo encargado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres en Michoacán, dicho grupo de trabajo estudio por 30 días las condiciones en las que se encuentra el estado y da a conocer las recomendaciones que deben de seguir el poder ejecutivo, judicial y legislativo ante esta grave problemática, aseveró la diputada Cristina Portillo Ayala presidenta de la comisión de equidad y género de la LXXII legislatura del congreso local.
Después de emitir la convocatoria el mes de enero para elegir expertas y expertos nacionales y locales para la creación del grupo de trabajo donde se designó como representantes del estado a la Doctorante Rubí de María Gómez Campos representante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Dra. Miriam Aideé Núñez, representante de la Universidad Autónoma de Chapingo, campus Morelia.
El grupo de trabajo propone a los poderes del estado a adoptar todas las medidas que sean necesarias, que garanticen la investigación y resolución de todos los casos reportados sobre delitos perpetrados en contra de mujeres a fin de garantizar a las víctimas y sus familiares su derecho de acceso a la justicia y cumplir diligentemente con su obligación de investigar. Se propone revisar las posibilidades de reapertura formal de los casos que se encuentran en suspensión o archivo para la continuación del trámite teniendo la obligación de investigar ex officio y con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres y niñas, dentro de un contexto general de violencia.
Dentro de esta recomendación se tomara como indicadores de cumplimiento las acciones de investigación emprendidas en los casos y los avances logrados respecto a las mismas; el diagnóstico del caso a reabrirse; el número de casos reabiertos; el número de casos consignados o judicializados; el número de casos concluidos; el número de casos que continúan en investigación: y el número de casos que se encuentran en reserva o archivo temporal informó la legisladora perredista Cristina Portillo.
“Es necesario que se cumpla cada una de las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo, el cual analizó la situación real en la que vive Michoacán y las inconsistencias de los casos de feminicidio que se encuentran en reserva o archivo” mencionó Cristina Portillo.
Dentro de las recomendaciones se encuentra también el fortalecer la institucionalización de perspectiva de género, mediante el diseño y la aplicación de un Modelo Único de atención, dicho modelo debe de regular la actuación de cada una de las instancias que proporcionan servicios a mujeres víctimas de violencia, para fortalecer los protocolos de actuación que permitan a las y los servidores públicos encargados de su aplicación, contar con rutas criticas de actuación claras, y responsabilidades definidas a fin de facilitar la adecuada atención y canalización de las víctimas y sus familiares, argumentó Portillo Ayala.
La diputada del sol azteca, mencionó se propone además, fortalecer los procesos de capacitación y profesionalización de manera permanente y obligatoria para las y los servidores públicos encargados de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Incluir los estándares internacionales en materia de debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios; atención integral de las mujeres víctimas de violencia y acompañamiento a las víctimas.
También se buscara generar campañas permanentes de prevención con perspectiva de género para difundir el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia tomándose en cuenta la diversidad poblacional y cultural del estado, encaminadas a dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, promover masculinidades no violentas y relaciones igualitarias en todos los ámbitos; realizando periódicamente una evaluación del impacto de las campañas.
Por último, la legisladora señalo que dentro de las propuestas una de las más importantes es el de Integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia en contra de las Mujeres (BANESVIM), el cual debe de ser integrado y actualizado de manera constante por todas las instancias involucradas en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres de manera que en el confluyan todos los casos de violencia contra las mismas.
El Banco Estatal deberá cumplir con el propósito de sistematizar la información relativa a casos de violencia contra las mujeres con la finalidad de instrumentar políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Realizar un mapeo estatal de todas las instancias locales y municipales que por sus funciones deberán alimentar el banco.
El poder legislativo cumplirá con la presentación de las iniciativas de reforma correspondientes para eliminar las causales para solicitar el divorcio necesario y en su lugar instituir el divorcio incausado, eliminar la prohibición que establece la posibilidad de que las donaciones entre los consortes puedan revocarse libremente, así mismo legislar sobre hostigamiento y acoso laboral.
