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El presidente municipal, Víctor Manuel Báez Ceja, cuestionó al gobierno de la República al haber “cargado” el costo de los recortes presupuestales a las participaciones de los municipios e imponer con el llamado gasolinazo una carga adicional a las finanzas de los ayuntamientos con la que compromete su funcionamiento.
Al emitir un pronunciamiento como coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales del PRD, en torno al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, presentado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el alcalde del municipio de Pátzcuaro lo cuestionó en virtud de que no contempla medidas que de manera estructural puedan atacar las condiciones que subyacen al llamado gasolinazo.
Y es que de fondo, subrayó, no hay una decisión importante que pueda paliar en el corto plazo esta condición de dependencia en relación a las importaciones de este combustible, ni un anuncio que reduzca el gasto para poder lograr así impactar, por ejemplo, en el impuesto especial a la gasolina que erróneamente se traslada al consumidor.
Explicó que tal como se ha anunciado, la terminación de los precios de la gasolina y el diésel estarán determinados por el comportamiento del mercado internacional del petróleo así como por el tipo de cambio; ambas variables se antoja que muestren una tendencia al alza producto de los acuerdos de la OPEP así como de la incertidumbre que se ha generado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Señaló que el documento presentado por el Ejecutivo Federal sólo habla de una “pírrica” reducción de los sueldos de los altos funcionarios, equivalente al 10 por ciento, sin mencionar ni por asomo, reducciones a partidas de las que se podría echar mano como lo son los presupuestos de comunicación social, honorarios de asesores, el servicio exterior mexicano, etcétera.
Tampoco se percibe, consideró el acalde, una actitud de austeridad y responsabilidad de parte de los otros poderes de la Unión ni de los organismos descentralizados como el INE, el Banco de México, o el INEGI; que en muchos de los casos otorgaron cuantiosos bonos de fin de año a sus altas burocracias, todo con cargo al erario.
Infirió que el justificado malestar social no sólo se encuentra vinculado a la falta de corresponsabilidad de los altos funcionarios con el momento de crisis financiera, sino también con la opacidad con la que se han administrado por años los recursos que han llegado al país por concepto del petróleo. Únicamente en las dos administraciones federales anteriores ingresaron al país 420 mil millones de dólares por concepto de petróleo, sin que se haya construido alguna refinería o se haya invertido en el cambio tecnológico de la planta productiva nacional hacia energías renovables.
Finalmente, dijo que los gobiernos locales de izquierda en el país demandamos de la administración federal un efectivo presupuesto basado en resultados. Y, a largo plazo, debe ser revisada de fondo la Reforma Energética, a efecto de que el petróleo y la producción de hidrocarburos sirvan para efectivamente detonar el desarrollo del país.
