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Luego de su viaje de esta semana por El Vaticano para promover la imágen de la entidad, el gobernador de Michoacán, “violentó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán en su viaje religioso a Italia al recibir apoyos privados, lo que puede ser tipificado como delito”, acusó Alfredo Ramírez Bedolla en su calidad de integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como secretario de Cooperativismo, Economía Solidaria y Movimientos Sociales.
Y acusó: “El gobierno del estado se hizo bolas al tratar de justificar un viaje que no tiene explicación alguna, sobre todo por la crisis que vive Michoacán, es de conocimiento público que en algunas dependencias los trabajadores están preocupados por sus quincenas y aguinaldo, caso similar se vive en la Universidad Michoacana”, en entrevista colectiva con medios de comunicación.
Tras enfatizar que el gobierno michoacano deberá explicar “puntualmente el despilfarro que implicó el viaje al Vaticano y la violación a la ley por parte del gobernador”, amago: “estamos analizando interponer una denuncia ante la Contraloría del Estado y la Auditoria Superior de Michoacán por estos hechos. Hacemos un llamado a los ciudadanos michoacanos para que no tengan miedo y denuncien las arbitrariedades que está cometiendo la administración estatal”.
“Michoacán merece respeto y trabajo para salir de la crisis, no viajes de farándula”, ironizó en torno al que fuera el lema de Vallejo Figueroa siendo candidato a gobernador.
Para mostrar que la razón le asiste en sus acusaciones, observó: “La propia Secretaria de Gobierno emitió un comunicado para explicar el origen de los recursos para el periplo religioso que efectuó el gobernador y toda su abultada comitiva,. Y en ese mismo comunicado se señala claramente como confesión de parte dos cosas: la primera que sí hay funcionarios que pagaron el viaje con recursos públicos, y segundo, que la iniciativa privada patrocinó el viaje del titular del Ejecutivo y su esposa”.
Esto dijo, «es sumamente grave” ya que infringe claramente lo estipulado en la referida ley, en su artículo 44, fracción XV, en la cual se establece que los servidores públicos tendrán la obligación de abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de recibir cualquier donación “que proceda de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto”, según marca esta ley.
Y asentó que el artículo 174 de la misma ley se prevén sanciones como la prisión, multas e inhabilitación para los servidores públicos que soliciten dinero, valores o servicios de parte de particulares.
