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Mediante una reforma al Código Penal, el Congreso del Estado fortaleció los mecanismos de combate a la corrupción e impunidad, estableciendo hasta siete años de prisión a aquel que ofrezca o reciba un soborno.
El dictamen presentado por la comisión de Justicia, recaba la propuesta del diputado Juan Bernardo Corona, señala que la figura de cohecho es un delito que consiste en el acto de aceptar el soborno; sin embargo, a decir de los parlamentarios, el hecho corrupto debe ser castigado tanto al que se deja corromper, como el corruptor, es decir el cohechado y el cohechador.
La reforma a tiene el objetivo de establecer medidas para disuadir, prevenir y penalizar a todas las personas y empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos.
Por ello se aprobó establecer la multa de uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, cuando la cantidad o valor de la dádiva, promesa o prestación no exceda del equivalente de quinientas veces la unidad de medida y actualización vigente en el estado, en el caso de que exceda se sancionará de dos a siete años de prisión y de doscientos a setecientos días multa.
Destacan que en la legislación vigente solo se contempla el cohecho en general, por lo que al definir las sanciones para el cohecho pasivo y el activo, evitará socavar la gobernabilidad, el crecimiento económico y la competitividad en el estado.
