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La Secretaría de Gobernación presentó tres meses después de su publicación en el DOF (30 de abril de 2014), el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación (Pronaid 2014-2018); éste es el primer Programa para la Igualdad y no Discriminación para la Administración Pública Federal y que compromete a otras instancias de gobierno locales y municipales, y órganos autónomos, la academia, así como la sociedad civil.
Este Programa deriva de las modificaciones constitucionales de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de las reformas a la ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, publicadas el pasado 20 de marzo de 2014.
El artículo 1 constitucional, prescribe que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley “.
Pero adicionalmente en su párrafo quinto precisa que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
El Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, expresó durante la presentación del Pronaind, que ni en el México de ayer, ni en el México de hoy cabe la discriminación, solo hay espacio para la igualdad, la tolerancia y el reconocimiento y respeto a la diversidad, de ahí la importancia y trascendencia que tiene dicho Programa. Los servidores públicos deberán conocer el Programa para que lo apliquen y lo haga suyo mientras desempeñan sus funciones públicas.
Es de reconocer que el Pronaind, tiene líneas específicas para la atención de grupos vulnerados tales como las mujeres, población indígenas, migrantes, trabajadoras del hogar, personas con orientación e identidad no hegemónica, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, afro mexicanos, personas que viven con VIH/sida y minorías religiosas, cuyas exclusiones se han sentado en ideologías bien enraizadas como el clasismo, racismo, homofobia y xenofobia, en neocolonialismo, entre muchas formas de discriminación.
Tomar en serio la agenda antidiscriminatoria en México a través del Pronaind significa abrir la puerta no sólo a la igualdad de trato sino también a nuevas distribuciones del poder, la autoridad, el prestigio y, los privilegios, espero que los mecanismos de evaluación y control que define éste, nos permitan conocer el avance cuantitativo de estas modificaciones sociales, y no solo percepciones.
El mapa social posdiscriminatorio que esperamos ver al 2018, es decir, la manera en que se vería una sociedad tras aplicar el derecho a la igualdad y la no discriminación a través de la instrumentación del Pronaind , implicaría una transformación de las posiciones de poder y autoridad, así como de los modelos de relación entre los grupos. Por ello es tan importante la disposición y voluntad política, pero también de los grupos que detentan el poder; es difícil que las elites económicas, incluso algunas políticas del país se tomen en serio la obligación de no discriminar, porque acaso podrían intuir que una sociedad más igualitaria pondría en duda buena parte de la legitimidad de sus posiciones de privilegio.
Así, cada entidad federativa tendrá su propio programa estatal y local para la igualdad y no discriminación, al que esta mandatado orientar por parte del Conapred, tal como lo señala el Pronaind, en su estrategia 1.5, línea de acción 1.5.1.
El Conapred, en este sentido ha planteado la coadyuvancia para que las entidades federativas, incluso los ayuntamientos, tengan su Programa Estatal o Municipal para la Igualdad y no Discriminación.
La propuesta es impulsar programas estatales alineados al Nacional, pero con sus especificidades, y se plantean que al menos atienda 6 objetivos, con 35 estrategias y 177 líneas de acción, que permitan hacer de la normatividad una palanca para la inclusión, y el respeto a la dignidad humana; pero además para promover mecanismos administrativos para defender y proteger a la sociedad; que a la vez permita cerrar asimetrías para el disfrute de los servicios públicos y los derechos humanos, fortaleciendo la información sobre la perspectiva de igualdad y no discriminación que permita evitar conductas discriminatorias, prejuiciosas y estigmatizantes en la sociedad; y finalmente todo ello, resumido en leyes y normas armonizadas con cláusulas antidiscriminatorias en Michoacán.
Algunas acciones señaladas, ya han sido iniciadas por la sociedad civil organizada entre ellas por el Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, sobre todo en materia legislativa y de política pública.
Pese a ello, nuestra legislación local ya plantea preparar un Programa Estatal para la Igualdad y no Discriminación en Michoacán; en este sentido, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y Violencia (publicada POE, 2 de enero, 2009) señala en su artículo 33, fracción VIII “Presentar, a la consideración de la Junta, el proyecto del Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”; pese a ello y para que se cumpla, el Ejecutivo del Estado por mandato de ley debe de instalar el Consejo para Prevenir la Discriminación y Violencia en Michoacán, situación que tiene un retraso de seis años. Y que pese a diversos exhortos de la sociedad civil y del Congreso en la LXXI y LXXII Legislatura, al Ejecutivo, estos hicieron caso omiso. Recientemente, Grupo de Facto formalizó respetuosamente (como lo hizo con los anteriores Ejecutivos Locales), ante el Gobernador Salvador Jara, la petición reiterándole la importancia de instalar dicha instancia gubernamental para la instrumentación de la agenda antidiscriminatoria.
Debemos precisar que el cumplimiento de este Pronaind, es obligación de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, que preside el Comisionado Alfredo Castillo.
El Gobernador Moreira de Coahuila, ha expresado que pronto presentará el Programa Estatal Antidiscriminatorio para el Estado, siendo este el que más avance tiene, esperamos que pronto más estados se sumen a estas tareas de igualdad; pero también esperamos que en el marco de los Programas Estatales de Derechos Humanos, no se vayan a incorporar estas tareas de igualdad y no discriminación, toda vez que las estructuras operativas y sus leyes son diferentes, lo expreso porque en el caso de Morelos, se planteó el que se pudiera incorporar como un apartado todo lo relacionado con la igualdad y no discriminación en su Programa Estatal de Derechos Humanos.
Finalmente y por ser un tema en el cual estoy de manera permanente impulsando, el Programa Estatal de Igualdad y no Discriminación en Michoacán, tendrá que contener los conceptos de orientación así como la identidad de género, tal como ya lo hace el Pronaind y diversas leyes locales que han sido armonizadas por el H. Congreso del Estado a petición de la sociedad civil organizada encabezada por Grupo de Facto.
Qué hace falta para tener el Programa Estatal de mérito; contar con la voluntad política y actuar con el mandato de la Ley local antidiscriminatoria, definir responsables; alinear con otros programas estatales; seguimiento y evaluación; difusión; mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
