Gabinete de Sombra y Gabinete “en la sombra”/ By @gaaelico

Por Toño Aguilera

 Uno de los aspectos que más condiciona la relación entre los ciudadanos y el poder político son las actitudes. Actitudes como el cinismo político, el desinterés por la política, o el descontento con los gobiernos, están fuertemente vinculadas al grado de confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones de representación política en general.

En política, por encima de la lealtad, la cual de por si tiene un valor de uso y cambio de peso, es la confianza la que determina gran parte de la agenda de un gobierno.

Si bien la dimensión más evidente del principio democrático la constituye el derecho de sufragio, mediante el cual se intenta dar legitimidad a los gobiernos, este vínculo electoral no ha sido prerrogativa para obligar a los elegidos a mantener sus compromisos.

Frente  a esta condición se superpuso la práctica efectiva de un cuestionamiento permanente y una presión organizada de manera más difusa y más exterior que sirviera de contra-poder. Esta práctica es el control, y cuando se habla de control estamos hablando de mantener una mirada permanente sobre los actos de los gobernantes, un estado de alerta que permita la vigilancia sistemática de sus actuaciones. Y esto debería de valer de los electores hacia los gobernantes, pero vale más de los Presidentes hacia los gobernadores.

Entre las modalidades de estos poderes de control, varios investigadores destacan la vigilancia, la denuncia y la calificación. La idea de vigilancia de las actuaciones de los gobernantes se da, en primera instancia, como una vigilancia cívica, la cual es directamente política. Después aparece otra forma de vigilancia, llamada como vigilancia de regulación, que se manifiesta como un flujo continuo de evaluaciones y críticas a un nivel muy descentralizado, y que opera a través de canales como encuestas o informes, intervención en las comisiones especializadas.

Para nadie es un secreto –tal vez los priístas quisieran que así fuera- que existe un alto nivel de desconfianza de Enrique Peña Nieto con Fausto Vallejo, su gobierno y su gabinete. Por ello, cuando tomó la decisión de intervenir en la entidad, “acordó” o tal vez “forzó” que el ex alcalde de Morelia cediera no sólo algunos elementos de la soberanía estatal, pero sobre todo el poder y las atribuciones que cuenta la investidura del Gobernador, para imponer la agenda federal que busca contener la expansión de los grupos de autodefensa y que se reproduzca el modelo del  estado infiltrado por la criminalidad.

Por ello, primero –como cabeceó el diario Reforma- Peña Nieto borró a Vallejo, con la designación del Comisionado Federal de Seguridad y Desarrollo, Alfredo Castillo Cervantes, y ahora decidió crear un gabinete de sombra, paralelo al gabinete legal del estado, para que los enviados federales instrumenten y ejerzan los más de 45 mil millones de pesos que la federación enviará a Michoacán.

Los partidos políticos de oposición, en éste caso del PRD y del PAN, asumieron que con el anuncio de Peña Nieto, el gobierno estatal y los propios delegados federales en la entidad quedaron “borrados y desplazados” por el nuevo “gabinete” alterno que se está conformando desde la llegada del comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes.

Dicho desplazamiento de facto del gobernador del Fausto Vallejo y su gobierno, tiene su origen, más que en los señalamientos políticos, en las investigaciones que la federación tiene en sus manos de la posible infiltración de grupos delictivos en los espacios de poder gubernamental, tanto municipales como estatales,

Esta nueva modalidad de Michoacanazo, no recurrió al esquema de uso bruto de la fuerza, como lo aplicó Felipe Calderón, sino que fue más quirúrgico, y el objetivo fue quitarles el poder a las autoridades estatales.

Es evidente que Peña Nieto no quiere que las manos vallejistas o reynistas, tal vez del priísmo michoacano en general, toquen los recursos que destinará al estado en este 2014 y también que depongan el poder, el cual podría ejercerse bajo criterios ominosos e inconfesables.

Por lo pronto, se crea un gabinete de sombra al poder ejecutivo estatal y el que queda, es un “gabinete en la sombra”, pero que nadie espere que se vaya a quedar con los brazos cruzados.

@gaaelico

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