STAFF / Matilda Rabadán Martínez
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los integrantes de la LXXIII Legislatura aprobaron la eliminación del fuero constitucional para los servidores públicos, sin embargo «a medias» ya que únicamente permite la sanción contra los delitos de fuero común y no federal.
Es decir, la inmunidad de la que han gozado permanecerá en delitos tales como desvío de recursos o participación en la delincuencia organizada, ya que podrán ampararse en la reforma constitucional a nivel federal, lo que les permitirá seguir absueltos de tales procesos.
Al respecto, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Hernández Íñiguez, justificó que tal situación ya no es responsabilidad del parlamento local, pero reconoció que no enviaron al Congreso de la Unión la propuesta para modificar la ley a nivel federal.
Dicha modificación de la ley eliminará el fuero constitucional en los delitos del fuero común desde el Gobernador del Estado, los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a excepción del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y continuará la inmunidad parlamentaria en las declaraciones de los representantes populares, es decir no podrán ser castigados, sancionados, perseguidos, o juzgados por sus declaraciones.
