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El día 17 de Marzo la comunidad indígena de Zopoco, del municipio de Chilchota en Michoacán, presenció el feminicidio de Juana Baltazar Felipe a manos de su esposo Wilfrido A.G. quien, después de que ella intentara separarse de él nuevamente, la acuchilló hasta matarla frente a su cuñada y sus dos hijas, posteriormente el implicado huyó a una localidad cercana hasta que fue capturado por habitantes de la comunidad, quienes lo querían linchar, cosa que fue evitada por las autoridades.
Así culminó la serie de abusos que sufrió Juana Baltazar por parte de su esposo, los cuales estuvo denunciando durante aproximadamente seis años y terminaban en convenios que arreglaba el DIF de Chilchota en los que el implicado se comprometía a parar los abusos y simplemente las denuncias no eran escuchadas.
A partir de su asesinato, la familia de Juana Baltazar ha tenido dificultades para acceder de manera satisfactoria y completa al sistema de justicia. El acta de defunción les fue entregada y la madre, hija y cuñada de la occisa fueron solicitadas a declarar, acompañadas de un abogado de su localidad que no resultó de mucha ayuda.
La familia denuncia que al ser mayoritariamente monolingües, no hubo traductor al purépecha, que no se les proporcionó asesoría por parte de ninguna dependencia y no han sido contactados por la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Tampoco se les proporcionó el número de carpeta, expediente o ningún documento de la primera audiencia del proceso.
Las mujeres de la familia que fueron solicitadas a declarar en el Ministerio Público de Zamora no tienen mayor información del caso, no han comprendido enteramente los términos y condiciones del proceso, pero creen que sí ha sido tipificado como feminicidio.
De acuerdo a la familia de Juana, los parientes del feminicida tiene conexiones con líderes o personas influyentes en la región, esto les genera cierta aprehensión a que nuevamente el agresor sea puesto en libertad.
Por lo anterior la familia Baltazar Felipe hace un llamado, a través de una conferencia de prensa en la cual fueron apoyados por Circe López de Humanas Sin Violencia AC:
Al Gobernador, para que a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) se les proporcione la atención integral que merecen como víctimas secundarias de feminicidio.
A la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para que les proporcione un abogado coadyuvante profesional, hablante de purépecha y que tenga conocimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal , así como el apoyo para gastos funerarios y de atención psicológica para las personas que presenciaron el feminicidio.
Al Fiscal Regional de Zamora para que a la brevedad se le explique a la familia qué se va a llevar a cabo durante el proceso y se les dé acceso a la carpeta de investigación y el número de la misma y que el implicado haya sido vinculado al proceso por el delito de feminicidio.
Por último, hacen responsable al Presidente Municipal de Chilchota de cualquier cosa que les suceda porque su manera de llevar el proceso desde su inicio derivó en este feminicidio. Le exigen también que no sea el DIF Municipal quienes atiendan a las víctimas de violencia, la Instancia Municipal de la Mujer debería contar con personal capacitado para brindar la atención que necesitan las mujeres víctimas de violencia.
