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A partir del 15 de abril del año en curso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejará de asignar nuevos casos a los ministros, salvo aquellos considerados urgentes. La medida estará vigente hasta después de la elección judicial que redefinirá la integración del tribunal en septiembre.
Esta decisión responde a la reforma judicial impulsada por Morena, la cual busca transformar la estructura del Poder Judicial en México. La propuesta ha generado controversia, especialmente por el impacto que tendrá en la independencia de la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dentro del propio tribunal han surgido diferencias. La ministra Loretta Ortiz criticó a su colega Lenia Batres por enfocarse en su campaña electoral en lugar de atender los asuntos pendientes en la Corte, los cuales superan los 8,000 expedientes.
Además, la suspensión de casos refleja una creciente tensión entre la SCJN y el TEPJF. La reforma ha profundizado la división entre magistrados y ministros, evidenciando una fractura institucional.
Para el partido en el poder, la reforma es necesaria para democratizar la elección de jueces y ministros, permitiendo que los ciudadanos elijan directamente a los integrantes del Poder Judicial. Sin embargo, opositores advierten que esto podría comprometer la labor de la institución judicial.
