STAFF/Marina Alejandra Martínez
La Secretaría de la Contraloría del Estado, investiga presuntas irregularidades en administraciones pasadas que ascienden a más de 23 mil millones de pesos, de esta cifra, más de 9 mil millones de pesos son perseguidos por la vía penal y el resto por la administrativa.
Así lo manifestó la titular de la institución, Azucena Marín Correa, quien señaló que, han presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM).
A nivel global, Marín Correa informó que han presentado 21 carpetas en materia penal contra servidores públicos, de las cuales solo una se encuentra judicializada, en contra de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).
«Nosotros hemos presentado por colusión de servidores públicos, manejo de influencias, uso indebido de recursos públicos en materia penal, son las que tenemos por pago de sobreprecios», manifestó.
Marín Correa no quiso precisar contra qué administraciones se investiga los 23 mil millones de pesos por presuntas irregularidades.
La servidora pública estatal mencionó que, entre 15 y 20 exfuncionarios han sido sancionados, sin embargo, no proporcionó nombres.
Además, a nivel federal, se han impuesto alrededor de 40 inhabilitaciones de jueces y magistrados, algunas de las cuales van desde los ocho hasta los 15 años.
En cuanto a la declaración patrimonial, aseguró que solo un 5 por ciento de los funcionarios no la presenta y se les avisa para que se pongan al corriente de inmediato, ya que, en muchas ocasiones, se equivocan de plataforma, en donde tienen que realizar el trámite correspondiente.
